Se acogió un recurso de amparo en contra de la Comunidad de Madrid, deducido por una mujer que no pudo tomar posesión de una plaza al mismo tiempo que sus compañeros de promoción, por coincidir la fecha de inicio del curso con el nacimiento de su hijo.
El recurso, presentado por una comunidad indígena mapuche en relación con un proyecto de instalación en su comunidad de agua potable rural, alegaba que no se había llevado adelante una consulta de acuerdo a las exigencias del Convenio 169 de la OIT.
Los recurrentes estimaron que tal proceder resultaba arbitrario e ilegal, por cuanto el camino se encuentra afecto a declaratoria de utilidad pública y ha sido objeto de actos administrativos destinados a resguardar su uso.
Se pretende incluir además otras formas de disminuir la discriminación que suelen sufrir las mujeres en la vida pública.
Se dedujo amparo de acceso a la información –por parte de un particular- en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta.
La moción de los parlamentarios Ortiz, Robles, Tarud, Walker, el ex parlamentario Burgos, y el actual senador Harboe, busca que la entidad acreedora se haga cargo del alzamiento de los gravámenes.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso, limitándose la Corte Suprema a confirmar la sentencia apelada sin modificaciones.
El senador Harboe indicó que “la intención de ello, es programar con tiempo las suplencias, de manera que los funcionarios puedan organizar la tramitación de las causas con antelación”.
El nuevo artículo 49 bis que introduce el proyecto remitido, más que establecer una nueva competencia de los tribunales, configura nuevas infracciones a la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
En fallos unánimes, la Corte Suprema acogió tres nuevos recursos de amparos presentados por internos de distintos recintos penales del país.
