el Ministro de Educación acusado enfatizó en que su labor como funcionario público la ha desempeñado con celo y dedicación desde que asumió en el cargo, calificando de ser injustas y falsas “las acusaciones de haber faltado a la probidad, de no haber ejercido el control jerárquico de los órganos bajo mi dependencia y de haber incumplido la fiscalización de las actividades del sector educación”.

agrupándose en cuatro grandes áreas: “lo relacionado con el Plan de Salud Garantizado (PSG); el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Salud y sus incidencias; las licencias médicas; y otros que tratan distintas temáticas”.

«en cuanto a la denuncia de haberse transgredido los artículos 1545, 1560, 1562 y 1563 del Código Civil, cabe señalar que del mérito de la lectura del recurso se puede constatar que este capítulo no reúne los requisitos formales que exige el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil».

“no se reunieron las pruebas suficientes para sostener las faltas mencionadas por los acusadores, conforme a lo que establece la Constitución, sino que, al contrario, se demostró que el Secretario de Estado cumplió cabalmente con sus funciones”.

“no se determinó en la causa algún hecho o circunstancia que constituya falta de servicio por parte de la demandada en relación a las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería, respecto del predio materia de autos”.

“no se aprecian situaciones arbitrarias por el ente estudiantil recurrido, precisamente por haberse ajustado al procedimiento que prescribe el Reglamento de la Universidad y sobre la base de las evidencias recopiladas durante el curso de la investigación”.

El TC declaró que no existe contienda de competencia entre el Juzgado de Familia de Peñaflor y la Fiscalía Local de Talagante.La gestión pendiente incide en causa sobre violencia intrafamiliar, donde el Juzgado de Familia estimó que se configuraba el delito de maltrato habitual, por lo que remitió los antecedentes a la Fiscalía, quien se […]

«el Informe se encuentra orientado a ser una herramienta útil y de fácil manejo para litigantes, operadores del derecho, estudiantes y profesores, quienes deben estar familiarizados con la interpretación y aplicación de normas constitucionales».

“no hay datos ciertos y precisos en estos autos, que permitan establecer que uno o más alumnos, padres o apoderados de los establecimientos educacionales de que se trata, haya resultado dañado en su integridad psíquica como consecuencia del fenómeno sobre el cual se discute, en grado tal que obligue a mantener las escuelas en su actual emplazamiento, como restablecimiento de un derecho de ese tipo que se hubiere quebrantado, máxime si los recurrentes incluyen en su libelo a “todos los alumnos, padres y apoderados”, cuestión improcedente por su vaguedad e indeterminación».

«el alejamiento forzado de la institución puede obedecer a responsabilidad penal, en el caso de la perpetración de un delito; responsabilidad administrativa, por la que se aplica la medida disciplinaria de separación o baja respectivamente, y como resultado de las calificaciones, cuyo es el caso de autos.»