La empresa recolecta datos biométricos a cambio de criptomonedas, actividad en la que pueden existir vulneraciones a garantías fundamentales, como a la privacidad de datos personales sensibles, en razón de los términos y condiciones respecto de la información recolectada de esta forma por la sociedad radicada en Islas Caimán.

Tomando en cuenta los antecedentes alegados y el contexto señalado, valorados en su conjunto, la Comisión estima que el requisito de gravedad se halla cumplido y que prima facie los derechos a la vida e integridad personal de las personas de la comunidad nativa kichwa Santa Rosillo de Yanayacu se encuentran en grave riesgo.

La magistratura estimó que las demandadas carecen de título o antecedente jurídico para permanecer en el inmueble, y el hecho de haber sido alojadas por el antiguo cuidador del recinto no es óbice para permanecer en el predio por más de 20 años.

El Centro es una institución sin fines de lucro, fundada en el año 1992 por la Cámara de Comercio de Santiago A.G. que ofrece servicios de Arbitraje Nacional (1992), Emergencia (2023), e Internacional (2006), de Mediación (1998) y de Dispute Boards (2015) para la resolución de controversias. Cuenta con más de 6.500 solicitudes de arbitraje y mediación ingresadas al CAM Santiago a la fecha del reporte.

A pesar de las circunstancias consideradas por el juzgador de instancia que van en la línea de matizar la culpabilidad de la trabajadora, lo cierto es que esta incumplió tanto con la normativa interna de la empresa que se le había transmitido, como con su deber de diligencia, quebrando la confianza depositada en ella por parte de la empresa, llevando a cabo una actuación que puede calificarse de imprudente.

La deuda persiste ante la falta de una política integral para buscar a los desaparecidos, la presencia de obstáculos en la justicia transicional y la necesidad de reparación a las víctimas.

La Universidad solo se limita a reconocer la existencia de una “práctica universitaria”, que impone ciertos requerimientos para optar a la titulación, proceder que pone en serio entredicho la constitucionalidad de dicha conducción.

Es responsabilidad del solicitante presentar en tiempo y forma los antecedentes requeridos, dentro del procedimiento establecido al efecto y cumplir los requisitos legales para permanecer en el país. No puede emplearse la acción de amparo como un mecanismo de tramitación administrativa y agregación de antecedentes que debieron ser puestos a disposición de la autoridad recurrida en su oportunidad, señala el voto en contra.

La originalidad, capacidad de innovación y la exclusividad de esos estampados había sido ya reconocida a través de una inscripción en los asientos del Registro de la Propiedad Intelectual que, desde ese mismo momento, blindaba al creador frente a utilizaciones inconsentidas de los diseños.

La Administración para adoptar la decisión unilateral de imponer la resolución del contrato por incumplimiento grave de las obligaciones del contratista, debe garantizar al afectado los derechos al debido proceso y de defensa, mediante un procedimiento mínimo, que consiste en un requerimiento previo al contratista para que se pueda pronunciar sobre el incumplimiento que le endilga la entidad pública contratante, y defenderse del mismo.