La reclamada actuó dentro del ámbito de sus atribuciones al aplicar la sanción y de conformidad a la normativa vigente.
La ilegalidad de la omisión se funda en la contravención del artículo 5° de la Constitución, que obliga al Estado a respetar y promover los derechos esenciales de la persona humana.
No existe acto ilegal que se pueda imputar a la recurrida y la resolución impugnada se encuentra debidamente fundamentada ajustándose a derecho.
La empresa operó de manera irregular durante 20 años hasta obtener su primera Resolución de Calificación Ambiental en el 2018, sin embargo, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia revocó sus permisos en 2021, funcionando desde entonces sin autorización.
Argentina cuenta con instrumentos penales internacionales que garantizan el cumplimiento de sus obligaciones punibles.
La actora argumentó que la bodega que utilizaba como habitación, constituía una propiedad independiente.
Los cargos proveídos mediante concurso de Alta Dirección Pública tienen un estatuto especial.
Las causales resultan aplicables a procedimientos relacionados con solicitudes de acceso a la información.
La relevancia del derecho a la vida no puede traducirse en un deber de vivir a toda costa. No obstante, su protección amerita una regulación equilibrada.
Alega el recurrente que le comenzaron a llegar multas cursadas al vehículo que aún está a su nombre, por lo que solicitó se ordene la inscripción de la transferencia en el Registro Civil.
