El Tribunal de alzada estableció la improcedencia del despido y ordenó a la empresa pagar un total de $5.345.635 por prestaciones adeudadas al trabajador.
El Tribunal de alzada fijó la sanción en 100 UTM debido a que las faltas detectadas se registraron en un periodo acotado y breve, entre diciembre de 2018 y enero de 2019.
El máximo Tribunal estableció que la materia que se pretende unificar no corresponde a alguna que habilite la aplicación del recurso especial.
El Tribunal rechazó el reclamo deducido por la sociedad Nieto y Barrera Compañía Ltda. en contra del organismo fiscalizador, que impuso la sanción al recoger múltiples antecedentes que establecieron la relación laboral entre las partes.
El tribunal lo condenó por delito de maltrato animal con resultado de daño, en calidad de autor, a una pena de 41 días de prisión, aplicando pena sustitutiva de remisión condicional por un año.
El máximo Tribunal descartó actuar ilegal del organismo contralor al ordenar la invalidación de los permisos.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Durante ese lapso la ley le asignó a la empresa principal la responsabilidad de controlar el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.
Más aún si se trataba de una primera transacción a un desconocido. No cumplió con lo mínimo esperable.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de hecho, seguido ante la Corte Suprema.
