Juez penal Héctor Barraza accedió a la solicitud de las defensas de entregar la identidad de los testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas que figuran en la acusación en el marco de la causa abierta contra integrantes del denominado Clan “Los Gallegos”, brazo operativo con el “Tren de Aragua”.

La Tercera Sala del tribunal de alzada determinó que las referidas publicaciones son ilegales al infringir los derechos a defensa, a la honra y dignidad de las funcionarias aludidas.

La Quinta Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la casa de estudios superior al no flexibilizar las condiciones de horario y modalidad de asistencia para que la recurrente pudiese ejercer su maternidad mientras rendía los cursos inscritos para el semestre.

La Corte Suprema considera que la iniciativa requiere mayor desarrollo y perfeccionamientos debido a una serie de dificultades que se advierten del texto propuesto.

La decisión del tribunal otorga “un plazo de 24 horas para dar cumplimiento a lo ordenado, bajo apercibimiento legal”.

Detectó un vicio de legalidad de carácter esencial en el análisis y determinación de la superficie que se intervendrá realizada por el ente fiscalizador.

El requirente alega que se infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, el debido proceso, el derecho de propiedad, el principio de seguridad, entre otras garantías constitucionales, al privársele del derecho a obtener la paralización del juicio en que se ha hecho valer una conciliación viciada.

Juez recurrido actuó dentro de la esfera de sus atribuciones y bajo el amparo legal, al desestimar la solicitud de la defensa.

No se desconoce la facultad que tienen los tribunales ordinarios para conocer las condiciones carcelarias vía amparo del artículo 95 del Código Procesal Penal, sino que ellas deben ser conocidas por el tribunal competente para ello, informa el recurrido.

Si bien el empleador fundó el despido únicamente en una “mala situación económica”, el afectado lo atribuyó a su reticencia a recibir los mensajes de aquel grupo en su teléfono celular, en el cual estaban incluidos tanto su jefe como los trabajadores de la compañía. Ello lo obligaba a recepcionar mensajes incluso después de su jornada laboral.