El jefe de la Unidad de Emergencias Municipales acosó a una prevencionista de riesgos, mediante mensajes de whatsapp y propuestas personales, en las que dio a conocer sus intensiones sexuales con la demandante, quien denunció el hecho ante el municipio, no obstante, el municipio sobreseyó del sumario al acusado debido a que la actora estaba contratada a honorarios.

Se acusa a las empresas de llevar a cabo una “campaña abusiva” y de desinformación para perjudicar la aprobación del proyecto, que aún es discutido en el Congreso tras sufrir varias modificaciones debido a su polémico contenido,

El requirente alega que se vulnera su garantía de debido proceso y de igualdad ante la ley.

El demandado fue condenado a ceder sus derechos en el inmueble que compartió con la demandada, a título de compensación económica, no obstante, nunca hizo entrega del bien y mantuvo la ocupación del predio, y por medio del recurso de casación en el fondo el recurrente no acusó la infracción de ninguna norma decisoria que cuestionara la pertinencia de la compensación, o algún título que lo habilite a permanecer en el lugar.

Toda transferencia constituye una forma de ejecución de obligaciones contractuales previamente asumidas, ejecución obligada cuando se dan las condiciones pactadas. Es por ello que se entiende que la orden de transferencia constituye una declaración de voluntad o mandato, en virtud de la cual el banco asume la realización de transferencias por cuenta del cliente como parte del contrato de servicio de caja.

La empresa reclamante alegó que su oferta sí cumplía con las exigencias de peso, puesto que, si las bases establecían un peso máximo de 3,5 kilos con un sólo decimal, y sus chalecos pesaban 3,52 kilos, estos estaban dentro del límite admisible.

La requirente estima que al impedírsele apelar contra la sentencia que rechaza un incidente de nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento se atenta contra el debido proceso y establece un trato discriminatorio en su contra.

Si bien la Ley de Transparencia es aplicable al Ministerio Público como órgano constitucionalmente autónomo, no se encuentra sujeto a la Fiscalización del CPLT. Ahora, si la Fiscalía niega información a un interesado, este puede interponer reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva en el plazo de 15 días corridos.

Las restricciones tuvieron el objetivo legítimo de proteger los derechos y libertades de los demás. Así, se protegieron los derechos de otros respecto al procesamiento de sus datos personales, por lo que la exención personal o familiar no es aplicable al caso. Se sopesaron correctamente los derechos de la comunidad demandante frente a los derechos de las personas cuyos datos se estaban utilizando.

Tiene por objeto potenciar el deporte olímpico y paralímpico, y generar, a corto plazo, las condiciones para asegurar una óptima planificación, organización y ejecución de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.