El recurrente demandó la nulidad de ocho resoluciones del SEREMI de Bienes Nacionales regularizaron un inmueble sin comprobar que los solicitantes cumplieran con el plazo de posesión exigido en el D.L, N°2.695, hecho del que se sigue la cancelación de las inscripciones dominicales; acción que no prescribe en los términos ordinarios del derecho civil.

El recurrente pactó un contrato de arriendo con el municipio por 96 meses para la instalación de juegos modulares en una plaza, pero como se demoró 6 meses en la instalación de los elementos, el pago que hizo el municipio de90 meses de arrendamiento lo fue por el tiempo restante, por lo que las 96 cuotas que pretendía el reclamante carecen de causa.

Que cuente con la entrega de conocimiento sobre la democracia, estado de derecho, instituciones, derechos humanos, diversidad cultural, y participación ciudadana.

Los reglamentos son los encargados –en la estructura decreciente del ordenamiento jurídico- de pormenorizar y contextualizar las leyes. Por lo que un Subsecretario no puede inmiscuirse a través de una resolución en la potestad reglamentaria del Presidente de la República.

En el supuesto de que se solicite de forma retroactiva su pago, es necesario que las trabajadoras recurran a la justicia, pues deben probarse y ponderarse sus circunstancias.

La recurrente quiso anular una escritura pública de partición respecto de un bien raíz indígena, pero en su libelo de nulidad invocó infracciones legales diferentes a las que persiguió durante el juicio, motivo por el que el máximo Tribunal desestimó el arbitrio.

También perfecciona el delito de usura, introduciendo la hipótesis de préstamo ilegal y lo sanciona de manera específica.

El artículo 55 letras Ñ y O de la Ley General de Pesca establece un procedimiento administrativo ante el Servicio, por lo que no corresponde la intervención de la jurisdicción civil en los hechos denunciados.

Para tal efecto, al inicio de la legislatura ordinaria, las Secretarías correspondientes sortearán públicamente las regiones donde corresponderá sesionar.

De acuerdo a la ley vigente la Corte Suprema tiene 10 días para presentar un nombre en reemplazo del candidato rechazado y el Presidente de la República y el Senado tienen cinco días para pronunciarse.