El amparado acusó que el tribunal lo criminalizó al considerar sus actos como los de un traficante, en circunstancias que él es alguien dedicado a la difusión y la enseñanza de los estados alterados o amplificados de la percepción.

Reclamó por deudas prescritas informadas al Boletín Comercial no puede prosperar si durante la tramitación de la acción una se aclaró y respecto de la otra el actor carece de un derecho indubitado.

El máximo Tribunal estimó que la sanción aplicada se realizó con infracción al artículo 18 del Código Penal, al existir una ley vigente más favorable para la amparada.

La resolución impugnada constituye un acto desprovisto de motivación racional, que no satisface el estándar de fundamentación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley Nº19.880.

La facultad de fiscalizar la aplicación de las normas de carácter laboral que rigen a los trabajadores de dicha institución no compete a esta Entidad de Control, dado que no revisten el carácter de funcionarios públicos.

La normativa actual se remonta a más de noventa años y no se condice con el contexto actual de un mundo globalizado.

La resolución, desde el punto de vista administrativo, no constituye un acto terminal, ya que no resuelve el fondo del asunto, sino que sólo suspende el procedimiento sancionatorio el que se encuentra supeditado a la ejecución satisfactoria por parte del sumariado del Programa.

Corresponde a la Comisión de Salud del Senado pronunciarse sobre la moción que pasa a cumplir su tercer trámite constitucional.

En la especie, la audiencia de juicio se desarrolló en seis audiencias, lo que resulta exorbitado y fuera de norma para un juicio entre un único trabajador y una sola empresa.

El alcalde cuenta con facultades para adoptar una decisión como la de modificar su imagen corporativa, toda vez que se trata de una determinación de tipo administrativo.