La instancia inició, además, la discusión general del proyecto que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación.
El Tribunal acogió la demanda, tras establecer que en la especie no es aplicable la prescripción de la acción civil alegada por el fisco, por tratarse de un crimen de lesa humanidad.
El ministro Carroza condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff Martchenko a 8 años de presidio, en calidad de autores de los delitos. En tanto, decretó la absolución por falta de participación en los hechos de los exagentes Jorge Andrade Gómez y José Aravena Ruiz.
El Tribunal acogió la denuncia de vulneración de derechos fundamentales, tras establecer que el despido del denunciante vulneró la garantía prevista en el artículo 19 número 5 de la Constitución Política de la República sobre «la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada».
Es importante destacar que Chile tiene un fuerte intercambio comercial con Noruega. Más de 40 empresas de esa nación mantienen actividades en nuestro territorio, la mayoría de ellas en el sector de acuicultura y pesca.
El máximo Tribunal revocó la sentencia recurrida y ordenó al establecimiento educacional identificar y sancionar a los agresores del alumno.
El Consejo para la Transparencia decidió que la entidad pública debe entregar copia de la nómina de internos recluidos en Colina 1 y Punta Peuco que cumplan condenas por delitos contra los Derechos Humanos, sin tarjar nombre y apellidos.
La fiscalía general norteamericana acaba de constatar la injerencia del Kremlin en los comicios de 2016, a través de diferentes estrategias de desinformación promovidas desde la red.
«El gobierno se expone a sufrir un desastre humanitario y las críticas internacionales si intenta devolver a cientos de miles de personas refugiadas a Somalia sin la consulta y planificación debidas y sin tener en cuenta su seguridad», sostuvo Irungu Houghton, director ejecutivo del organismo en ese país.
Amro está acusado de alterar el «orden público» con arreglo a la draconiana Ley de Delitos Electrónicos de Palestina, así como de «causar conflicto» e «insultar a las máximas autoridades», en aplicación del Código Penal jordano de 1960.
