Programa aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente no se hacía cargo de efectos negativos generados por los incumplimientos ambientales de Minera La Florida.
Jueza ampara vida de nonato pese a que en ese país rige desde 2012 la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En Chile el proyecto que despenaliza el aborto no contempla al padre.
Se ordenó al supermercado Santa Isabel pagar una indemnización total que supera los 22 millones de pesos, tras establecer la ilegalidad de los despidos.
En la sentencia de reemplazo, el máximo Tribunal del país establece la responsabilidad del Municipio por la falta de servicio.
El Tribunal de alzada confirmó el actuar de la autoridad fiscalizadora que ordenó realizar un nuevo proceso de devolución de fondos que caducaron sin ser cobrados por los cotizantes.
El Consejo hace presente que en cuanto a la solicitud de antecedentes personales de un funcionario, ENACAR S.A., sociedad anónima en que el Estado tiene una participación accionaria superior al 50%, no le son aplicables las normas sobre el procedimiento de acceso a la información pública.
El CPLT señala que sin perjuicio del análisis que pueda desarrollar la Contraloría, se destacan en el informe determinados resultados estadísticos los cuales a su juicio podrían ser de interés para el ejercicio de las funciones del Órgano de Control.
La Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur (Fipasur) considera que ellos mantienen el manejo y administración del área, y que poseen el legítimo derecho de negociar con una empresa que solicita una concesión sobre territorio ya administrado, considerar lo contrario vulneraria lo ratificado en el Convenio 169 de la OIT.
La Contraloría concluye señalando que correspondiendo al alcalde la dirección y administración superior del municipio, éste se encuentra facultado para adoptar las medidas que estime necesarias a fin de resguardar debidamente el patrimonio municipal.
El máximo Tribunal señala que aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
