“teniendo en consideración la conducta reprochada a la recurrente, sus efectos en su Servicio y en la comunidad donde se desempeña, lo que llevó al recurrido a concluir, que con las declaraciones radiales proferidas por aquélla, se atentaba en contra del prestigio del Servicio en el cual trabaja y como asimismo, el de las autoridades que lo dirigen”.

La acción constitucional se encuentra en estado de relación, con vista pendiente de la causa.

existe una disposición legal que impide a los municipios declarar “caminos públicos” a aquellos que unan un camino público con un camino privado o a dos caminos privados, aun cuando éstos tengan un tránsito importante. Afectando de esta forma, a muchas comunidades rurales e indígenas.

“tiene el deber general de velar por la vida, integridad y salud de los internos y permitir el ejercicio de los derechos compatibles con su situación procesal”,

“se fundamenta en el tiempo que la actora lleva con licencia médica, ya más de dos años sin reintegrarse a sus funciones, y conforme a lo dispuesto en la letra h) del artículo 72 del Estatuto Docente y 148 de la Ley N° 18.883, sin que además hayan prosperado dos de sus peticiones de pensionarse por invalidez y respecto de la tercera presentada después del decreto impugnado tampoco existe en la actualidad un pronunciamiento favorable de la autoridad, por lo que en estas condiciones no es susceptible de brindarse cautela en su favor”.

el recurso de protección no es incompatible con los recursos administrativos que no tienen la virtud de interrumpir el plazo para el ejercicio de la acción constitucional”.

Se dedujo acción de protección por parte de un grupo de artistas itinerantes en contra del Municipio de Santiago, por cuanto invocando el despeje de vías y áreas verdes se les ha negado la autorización para realizar sus actividades en espacios públicos, en circunstancias que durante 2 años se les ha respondido lo mismo a […]

Frente a esta decisión administrativa, los requirentes interpusieron recurso de reposición, reconsideración y modificación, el cual fue rechazado. Ante esta situación los requirentes dedujeron acción de protección en contra de la decisión original del órgano administrativo, el que se encuentra en estado de relación, con vista pendiente de la causa.

La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo, sobre la base de la infracción a las normas reguladoras de la prueba.

En el caso del precepto del Código Penal, aduce el requirente que se transgrede el artículo 19 N° 5° de la Carta Fundamental, sobre el debido proceso, por cuanto los sentenciadores rechazaron aplicar la denominada “media prescripción”, aduciendo que el ilícito investigado –estafa– es del año 2005 y los nuevos delitos son del año 2006, por lo que se pierde todo el tiempo transcurrido.