Tal decisión no constituye un acto terminal, por cuanto se encuentra supeditada a lo que se defina en el sumario instruido en contra de los recurrentes, cuyo resultado determinará si esta baja inmediata se mantiene o queda sin efecto.
En nuestro sistema penal, rige el principio de irretroactividad de la ley penal al tenor de lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal, con la excepción de la ley penal más favorable, por lo que el tribunal recurrido desoye el mandato legal, refiere el voto en contra.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el debido proceso, ya que, de conformidad al artículo 5 de la Constitución tiene derecho a recurrir, como bien lo dispone el artículo 8.2 letra h) del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y además, a oponer otras excepciones distintas a las que autoriza el Código del Trabajo.
No se trata de un simple contacto corporal entre la cosa de origen ilícito y el sujeto activo. Es indispensable el mantener ese poder sobre ella, debe existir un animus detinendi, (ánimo de tener, retener o conservar) si bien es inferior al possidendi, si exigiría una detentación y disponibilidad propias del corpus, excluyendo, en principio, situaciones de “tenencia fugaz”.
La crítica que ha hecho el recurrente a la valoración del informe psiquiátrico del SML no es suficiente para concluir que el tribunal a quo incurre en el yerro denunciado.
La empresa no se puede excusar en la imprudencia del trabajador, cuando la empleadora no ha cumplido cabalmente con sus obligaciones en materia formativa y esa causa aquél perdió un brazo.
La recurrente acusó que fue sometida a un control de identidad fuera del marco legal, al encontrarse de pie en un lugar que era investigado previamente por la PDI como punto de venta drogas, y parecerse a la presunta vendedora que los agentes identificaron mediante fotografías.
En el proceso pueden quedar algunas dudas, lo que es connatural a la imperfección humana y por eso es que en toda causa quedan, por lo general, los denominados “cabos sueltos”, sin embargo, ello no significa un obstáculo o cortapisa en la argumentación que los jueces de la instancia expusieron en el fallo impugnado, refiere el voto en contra.
El daño producido al actor es consecuencia de no habérsele brindado la información precisa sobre la carrera a la que postuló, cursó y egresó, pues de haber mediado una información adecuada y precisa, el demandante no hubiera visto frustrado su proyecto profesional de desempeñarse como Tecnólogo Médico en áreas de la salud.
El máximo Tribunal hizo lugar al recurso de protección interpuesto por una funcionaria a contrata en contra del municipio de Providencia, y ordenó el pago de las remuneraciones restantes al año que duraba la contrata. Pero no ordenó el reintegro de la actora al no existir legitima confianza, debido a que las renovaciones no excedían los 5 años de prestación de servicios.
