El Tribunal de alzada confirmó la resolución recurrida dictada por el Juzgado de Garantía de Puerto Varas por considerar «que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad».
La Superintendencia del Medio Ambiente detectó distintos incumplimientos ambientales del proyecto ubicado en la comuna de Concón, Región de Valparaíso.
Tribunal condenó al ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos Iván Álvarez a la pena única de 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva por igual lapso.
El órgano contralor concluye señalando que tales elementos no permiten eximir a un empleado de la obligación de reintegrar las sumas que haya recibido indebidamente, sino que han sido previstos por la ley.
“En la contratación con consumidores y usuarios debe constar de forma inequívoca su voluntad de contratar o, en su caso, de poner fin al contrato”, concluye el TS Supremo de España.
La Contraloría indica que considerando que el pronunciamiento solicitado se refiere al ejercicio de atribuciones de la Cámara de Diputados y a la evaluación de aspectos de mérito de la decisión administrativa, no le corresponde emitir pronunciamiento.
La sentencia destaca una obligación de cuidado y custodia respecto de la seguridad en el trabajo, máxime si en el presente caso, quedó suficientemente asentado, que el accidente ocurre al producirse un desperfecto de la máquina ovilladora.
El fallo indica que la instalación de las cámaras en los bienes comunes, que tienen por objeto registrar los movimientos que se realizan en los pasillos del Edificio, no pueden estimarse que atentan contra la vida privada.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución recurrida, por considerar que se ajusta a las normas legales.
Se ordenó a Gendarmería instruir al personal penitenciario que trate a las recurrentes por su nombre social.
