La requirente estima que el precepto impugnado vulneraría los principios de supremacía constitucional y de juridicidad.
El autor señala que la Corte Penal Internacional (CPI) está muy lejos de haber cumplido con las expectativas generadas cuando se sancionó. Un puñado de casos contradictorios, con enormes deficiencias de la Fiscalía, es el resultado de casi veinte años.
El recurrente fue cambiado del servicio de diálisis al de pabellón.
La Corte Suprema concluyó revocando la sentencia apelada, y en su lugar dispuso que se acogiera la acción de protección deducida.
La recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional del debido proceso.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de la vida privada, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el de propiedad.
La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro Muñoz.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso.
El autor señala que actualmente se discute en los foros diplomáticos y académicos, sobre la conveniencia de enjuiciar crímenes internacionales en tribunales nacionales, en tribunales híbridos o ad hoc o en la Corte Penal Internacional.
La gestión pendiente incide en autos sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios, seguidos ante el 23° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.
