La Corte Suprema rechazó recurso de queja presentado por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia en contra de sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Al efecto el senador Harboe expresó que se descartaron más 50 indicaciones, por lo que restan no más de 20 para concluir la revisión de la norma.
Las recurrentes estimaron vulnerados los derechos constitucionales correspondientes a la integridad psíquica y a la libertad de enseñanza, por cuanto la alcaldesa del municipio de Renca ordenó el cierre y fusión de los establecimientos educacionales ya individualizados.
El recurrido decidió no renovar la matrícula del menor para el año 2014, en virtud de un incidente que, en concepto de la dirección del establecimiento educacional, constituyó una falta gravísima, que ameritó tal sanción.
La moción se encuentra en primer trámite constitucional y será analizada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.
La jornada se realizará el día martes 10 de junio de 2014, a partir de las 14:30 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ubicada en calle Pio Nono N° 1, comuna de Providencia.
La Corte Suprema confirmó, en alzada, la sentencia recurrida, pero eliminó el considerando cuarto mencionado.
La iniciativa apunta a que las empresas se encuentren obligadas a responder por las fallas o faltas hacia los consumidores en bienes o servicios, debiendo adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar calidad y excelencia al momento de proporcionarlos.
El informe indica que la mayoría de las sanciones han recaído en las municipalidades, excepto el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, único organismo de la administración central que se ha visto afectado por esta situación.
La gestión judicial pendiente incide en autos de reclamación en contra la Superintendencia de Educación, de que conoce la Corte de Apelaciones de Temuco.
