“no se advierte la existencia de disposición alguna que exija que las Fuerzas Armadas -entre ellas, la Fuerza Aérea de Chile- deban remitir a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas el oficio original a través del cual formulan su requerimiento para que se emita un decreto relativo a materias de su personal”.

El primero de los preceptos legales cuya aplicación se impugna dispone: «Si un candidato a Diputado o Senador fallece entre las cero horas del octavo día anterior a la elección y el momento en que el Tribunal Calificador de Elecciones proclame a los elegidos, no podrá ser reemplazado, y los votos que obtenga se entenderán […]

“la norma reseñada precedentemente establece, en el marco de los hechos de la presente causa, una presunción de culpa contra la Municipalidad en tanto tiene la calidad de propietaria y mandante de la obra, una vez acreditada la responsabilidad del agente directo y el respectivo vínculo de subordinación.”

por contener normas propias de ley orgánica constitucional. En efecto, los artículos 18 y 19, por una parte entregan el conocimiento de las infracciones a las obligaciones que impone a la ley al correspondiente juzgado de policía local y, por otra, crean una serie de sanciones administrativas.

Los postulantes deben presentarse ante el Consejo de Alta Dirección Pública y evaluados en conformidad a los estándares establecidos por la Corte Suprema, posteriormente este servicio remite las nóminas al máximo tribunal para que elabore una cinquena, la que es enviada al Presidente de la República para que escoja un nombre, el que debe ser ratificado por Senado en votación de tres quintos de los miembros en ejercicio.

La requirente considera que la aplicación de la preceptiva impugnada vulnera las garantías de la igualdad ante la ley, del racional y justo procedimiento y del contenido esencial de los derechos.

“si bien el actor fue nombrado en el cargo, debe tenerse presente que el mismo admite que no ha ejercido sus funciones, de forma que no puede reprocharse de arbitrario o ilegal el proceder municipal de no pagar sus remuneraciones desde que la Contraloría General de la República así lo ha dictaminado”.

«condición que implica -como exigencia básica- la aptitud del o de los preceptos legales objetados para contrariar, en su aplicación al caso concreto, la Constitución, lo que debe ser expuesto circunstanciadamente. La explicación de la forma en que se produce la contradicción entre las normas, sustentada adecuada y lógicamente, constituye la base indispensable de la acción ejercitada.»

“por haber el recurrente circunscrito el agravio únicamente al rechazo de la excepción de prescripción extintiva de la acción de indemnización de perjuicios, cabe acudir a la máxima jurídica que reconoce que “nadie está obligado a lo imposible”, de lo cual surge la injusticia de aplicarle al actor la prescripción contando el plazo legal pertinente desde la data que pretende el Servicio de Salud demandado, esto es, desde el año 1991, atendida la inexistencia en ese entonces de síntoma alguno que lo impulsara a intentar una acción indemnizatoria respecto de un daño, si no inexistente, al menos absolutamente ignorado por el afectado”.

«no es función de esta jurisdicción constitucional aclarar el sentido que tienen determinados preceptos, dado que esto último importa «una cuestión de legalidad cuya resolución es propia de los jueces de fondo» (sentencias Roles N° 522, 1214, 2107 y 2353), conflicto que no se encuentra dentro del marco de atribuciones de este órgano de jurisdicción constitucional».