LyD propone modificar la actual política indígena de nuestro país.
«la escaza capacidad del Ministerio Público y las policías, para poder hacer frente a este conflicto de alta complejidad, dejaría entre ver que nuestra institucionalidad no posee las herramientas necesarias para la aplicación de condenas “ejemplarizadoras” que entregue confianza a la población y disuadan la comisión de nuevos delitos».