La iniciativa se orienta a perfeccionar la normativa legal vigente que faculta a las autoridades competentes a disponer, en casos precisos, el traslado o el retiro de una industria debido a las molestias, daños, peligros de explosión o de incendio, entre otros.

Aunque no se haya accedido al levantamiento del velo de la sociedad, el demandado era socio único y administrador de la sociedad que administraba la website, circunstancias que inciden en la apreciación del interés económico directo que podía tener en el resultado de la infracción realizada por la sociedad así como su capacidad de control.

La empresa habría ingresado al país ropa deportiva al parecer falsificada de la marca Adidas, lo cual infringiría disposiciones relativas a la propiedad industrial e intelectual. Además, de encontrarse descrita dicha conducta como delito en la Ordenanza de Aduanas.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 15º Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda.

El fallo señala que no es una justificante el hecho que se haya contado con la autorización de los padres pues estos no pueden vulnerar los derechos fundamentales de sus hijos.

En las sentencias, la Tercera Sala del máximo tribunal dejó sin efecto el alza de las isapres. El fallo señala que lo primero que advierte esta Corte es el empleo de una tabla de factores por parte de la recurrida que no sólo difiere de la que ordena aplicar la Superintendencia del ramo en Circular de 2019, sino que,  del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la diferenciación por sexo y edad en las tablas de factores de las Instituciones de Salud Previsional, derogando las normas legales que así lo permitían.

En su estudio, la Fiscalía detectó que aproximadamente un 70% de los consumidores no cotiza entre las diversas funerarias y que un 49% dijo no haber recibido ninguno de los beneficios mortuorios que entrega el Instituto de Previsión Social (asignación por muerte) o las AFP (cuota mortuoria), los que son cobrados directamente por las funerarias. Eso contribuye a una baja competencia en el mercado.

No se vislumbran afectaciones a los derechos amparados por el recurso de protección. Tampoco las peticiones de la AFP son susceptibles de ser debatidas en sede proteccional.

Los recurrentes alegaron que la Ley N° 21.442 sobre Copropiedad Inmobiliaria no contemplaba un mecanismo para la resolución de conflictos entre los residentes y los conserjes o demás funcionarios, lo que fue descartado por la Corte, en base al artículo 44 de esa ley.

El amparado interpuso un recurso administrativo el que se encuentra pendiente, por lo que mientras esa impugnación sea resuelta los tribunales de justicia no podrán avocarse a su resolución.