El Tribunal de alzada confirmó la sentencia dictada el 26 de agosto de 2016 por el Primer Juzgado Civil de Viña del Mar, que condena al facultativo a cancelar una multa a beneficio fiscal de 30 UTM.
Consejo para la Transparencia fiscalizó a 16 instituciones para ver cómo responden a las solicitudes de información. En promedio, subieron 17 puntos su desempeño, con siete casas de estudios que superan el 90% de cumplimiento.
La iniciativa proyecta que se generaría una mayor politización, información y reflexión sobre la decisión del voto, ya que se efectuaría en el ambiente del trabajo de un día laboral y no el domingo que es considerado un tiempo para estar con la familia.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución apelada que ordenó el ingreso en prisión preventiva de los imputados, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
La gestión pendiente invocada recae en un proceso penal seguido ante el Juzgado de Garantía de Arica por el delito porte ilegal de arma de fuego.
El órgano contralor hace presente que en razón de lo informado por la SEREMI, actualmente se encuentran en trámite una solicitud de arrendamiento de parte del referido inmueble fiscal ingresada en 2016 por la persona que ocupa parte del mismo y una petición del año 2015 de la Iglesia Metodista Pentecostal, de concesión de uso gratuito por cinco años de la totalidad de la superficie de dicho bien raíz.
El Consejo para la Transparencia precisó que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella.
Sobre la improcedencia del pago argumentada por el Director de Control de esa corporación edilicia, el órgano contralor aduce que tal como lo ha reconocido, los honorarios constituyen una contraprestación al cumplimiento efectivo de las funciones asignadas al prestador.
En su sentencia, la Corte hace presente que, de los informes evacuados por las instituciones recurridas, aparece que la omisión que se les reprocha se encuentra ajustada a la ley.
En su sentencia, el Tribunal de alzada adujo en esencia que, el problema planteado se produce por la distinta interpretación que las partes dan a las bases del concurso.
