la iniciativa tiene como prioridad incorporar tres principios básicos: “el primero, igualdad ante la ley de marido y mujer; Segundo, plena capacidad de ambos cónyuges; Y tercero, la protección económica del cónyuge que se ha dedicado al cuidado de los hijos o del hogar o que ha trabajado en menor medida de lo que hubiese querido o podido por estas causas”.

«el requerimiento que se intente ante esta Magistratura no sólo debe señalar con precisión y suficiente detalle los hechos de la causa sub lite y también indicar cuáles son los preceptos constitucionales que podrían verse violentados de ser aplicada la o las determinadas normas legales impugnadas en el proceso judicial pendiente ante un tribunal ordinario o especial en el que sea parte el actor, sino que, además, debe señalarse de manera clara, delimitada y específica, la forma en que se podría producir la contradicción constitucional en el asunto concreto que se discute en el mismo proceso judicial».

«no suprimió el factor de peligro al usar una sustancia distinta de la ocupada habitualmente para realizar la tarea de trasvasije y dosificación de dimetil disulfuro para la activación de los reactores de la planta en la refinería Bío Bío, lo que importa la vulneración del artículo 166 del Código Sanitario antes citado”.

«la distinción efectuada por el legislador carece de razonabilidad y no se encuentra vinculada a algún fin lícito que la justifique, constituyéndose en una diferencia arbitraria que contraría el principio de igualdad ante la ley y que restringe severamente el ejercicio de la acción penal a quien naturalmente le es atribuible».

«La crítica, se encuentra dirigida a la posibilidad de reelección de los CORES y al hecho que la actual discusión del proyecto no contempla la posibilidad que los CORES sean elegidos por los concejales –en actual ejercicio- para ocupar el cargo hasta el año 2014».

La obra será presentada por el Prof. Dr. Humberto Nogueira Alcalá, Presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y director del CECOCH, y por el Ministro del Tribunal Constitucional, Dr. Domingo Hernández Emparanza.

El proyecto de ley objeto de control establece tres bonificaciones como incentivos al retiro para un conjunto de funcionarios municipales. Una de esas bonificaciones, la complementaria, es de pago eventual por decisión del Alcalde, “previo acuerdo del Concejo Municipal”.

«la obligación que pesa sobre el legislador en establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos, toda vez que la notificación “ficticia” establecida, no se condice con tal garantía siendo del todo irracional e injusto que opere una supuesta notificación por el sólo hecho de dictarse la resolución respectiva sin conocer realmente su contenido y sin poder, además los solicitantes, hacer oportunamente sus alegaciones o medios de impugnación».

“excepcionándose sólo aquellos cuyos vencimientos sean anteriores al año 1988, no existiendo prueba alguna en el presente proceso acerca de que el vencimiento de tales instrumentos sea anterior al mencionado año”.

«según consta en la documentación acompañada, el sumario administrativo dirigido contra el requirente finalizó mediante pronunciamiento firme, que fuera expedido por el Ministro de Hacienda, configurándose de esta manera la causal de inadmisibilidad contenida en el número 3° del artículo 84 de la LOCTC».