Lo obrado por el referido inspector fiscal se enmarca, precisamente, en las funciones y atribuciones que se le asignan en las respectivas bases de licitación.
La medida no es procedente porque la Uaesp en el trámite de licitación pública ha adoptado una serie de medidas para garantizar la progresiva protección de los derechos de los recicladores.
La sentencia del máximo Tribunal indicó que el fallo impugnado omite el análisis de la prueba rendida.
El requirente estima que los preceptos impugnados infringirían el debido proceso, especialmente en lo relativo al derecho a la defensa y a guardar silencio, y la igualdad ante la ley.
La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Muñoz y el abogado integrante Correa, quienes fueron de opinión de rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia.
Cabe recordar que el caso se relaciona con la violación del derecho de acceso a la justicia en perjuicio de José María Cantos.
La sentencia del máximo Tribunal señaló que la sentencia impugnada incurrió en un error de derecho.
Cabe señalar que el proyecto de ley tiene por objeto profundizar la descentralización y la democracia.
La recurrente estimó infringido el debido proceso, por cuanto en la reprobación que motivó que la pusieran en condición de eliminación de la carrera se vulneró su derecho a la defensa.
La recurrente estimó conculcado el derecho de propiedad.
