No existe norma que faculte al Superintendente modificar la sanción decidida por la Dirección Regional de Educación, lo que hace más gravosa la situación jurídica del actor.

La sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral es de carácter declarativa y no constitutiva.

Se crea un comité para la fijación de límites a las tasas de intercambio y obliga a los miembros de dicho comité a realizar una declaración de intereses y patrimonio.

La actora prestaba servicios para el Fondo de Solidaridad e Inversiones Social.

Normativa fue aprobada con el quorum constitucional exigido y cumplió con el trámite de oír a la Corte Suprema.

La instancia realizará una ronda de audiencias con profesores de derecho la próxima semana, después de lo cual procedería a votar en general la iniciativa.

Durante la jornada de martes y miércoles se constituyeron las comisiones de Participación y Consulta Indígena, Derechos Humanos, Participación Popular y Equidad Territorial, Descentralización y Comunicaciones.

Pueden establecer grupos de prioridad, pero sólo en base “a distinciones objetivas y razonables, cuando éstas se realicen con el debido respeto a los derechos humanos”.

El Tribunal de alzada descartó error derecho en la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que rechazó la demanda interpuesta por la sancionada en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente, que le aplicó las multas cuestionadas.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia que le ordenó al Fisco pagar $60.000.000 a Ávila Rosas y $30.000.000 a su hijo que tenía entre cinco y seis meses de gestación a la fecha de la última detención de su madre.