El recurrente estimó vulnerado el derecho de propiedad, ya que se le priva del derecho adquirido que tiene por haber ejercido su cargo.
La gestión pendiente incide en un recurso de nulidad laboral, de que conoce la Corte de Apelaciones de Concepción.
El tribunal no puede permanecer indiferente ante la gravedad de la situación y la demora en proceder a una adecuación de la legislación vigente.
Ello en la búsqueda de un intercambio constructivo entre todos los actores: Estados, sociedad civil, organismos internacionales, universidades, movimientos sociales y sindicales, y público en general.
En cuanto al tiempo que tengo que ser vocal de mesa, el texto expone que
cuatro años, periodo en el cual debe ejercer su función en todas las elecciones que se realicen (incluyendo la segunda vuelta de una elección presidencial, si ocurre).
El texto propone hacer una cirugía mayor a la gestión del canal estatal para asegurar que el desfinanciamiento quede superado definitivamente con el nuevo aporte, o revisar el sentido de tener un canal estatal que crea una permanente fuga de recursos públicos.
No resulta necesario que el SII acredite la intención subjetiva dolosa para la aplicar el inciso segundo del artículo 200 del Código Tributario. Basta con probar la omisión en la declaración o la falsedad de los documentos aportados.
El acto contra el cual se recurre corresponde a una resolución dictada por un Tribunal de la República.
Renovación sucesiva de la contrata de un funcionario público genera la confianza legítima en que dicha renovación continuará verificándose en el tiempo. El acto administrativo que pone término a la contrata debe estar correctamente fundamentado.
Sin perjuicio de no estar reconocido expresamente el derecho a huelga en el derecho interno respecto de las asociaciones de funcionarios municipales, sí está consagrado en las normas de derecho internacional.
