Se dedujo amparo de acceso a la información –por parte de un particular- en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta.
La moción de los parlamentarios Ortiz, Robles, Tarud, Walker, el ex parlamentario Burgos, y el actual senador Harboe, busca que la entidad acreedora se haga cargo del alzamiento de los gravámenes.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso, limitándose la Corte Suprema a confirmar la sentencia apelada sin modificaciones.
El senador Harboe indicó que “la intención de ello, es programar con tiempo las suplencias, de manera que los funcionarios puedan organizar la tramitación de las causas con antelación”.
El nuevo artículo 49 bis que introduce el proyecto remitido, más que establecer una nueva competencia de los tribunales, configura nuevas infracciones a la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.
En fallos unánimes, la Corte Suprema acogió tres nuevos recursos de amparos presentados por internos de distintos recintos penales del país.
En su informe, el Servicio recurrido sostuvo que la multa impugnada se cursó en el marco de una fiscalización realizada a la empresa recurrente, en la que se logró detectar una serie de irregularidades.
El informe emanado por la Cámara fue rechazado en la Comisión de Educación del Senado por incluir sólo dos de las siete carreras en esta nueva regulación.
El actor consideró que tal proceder resultaba arbitrario e ilegal, por cuanto ya no ostentan la representación legal de las empresas y se burla el estatuto del control de la detención del Código Procesal Pena.
El requirente estimaba que las materias abordadas y reguladas por el Auto Acordado en comento versan sobre cuestiones propias de ley.
