la preceptiva impugnada se vulneran las reservas de ley las disposiciones contenidas en los artículos 19 N° 20 y 63 N°s. 2 y 14, en el artículo 65 inciso cuarto N° 1, en relación a los artículos 6° y 7°, todos ellos de la Constitución Política

en lo relativo a la negativa de acceder a la suspensión del procedimiento, quien estuvo por concederla.

“criterio sostenido por la Contraloría General de la República invocado por la recurrente ha de ceder frente al de los tribunales ordinarios, que no se encuentran vinculados por los dictámenes del órgano contralor”.

«para entrar a pronunciarse sobre la admisión a trámite es menester que la parte requirente acompañe copia de la sentencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 27 de abril de 2007, recaída en el Rol I.C. N° 8587-2002, que invalidó todo lo obrado, a que se alude en el requerimiento».

no puede invocarse el ámbito de la intimidad del propio solicitante como causal de secreto, debido a que esto sólo se justifica cuando “un tercero ajeno a la comunicación pretende acceder a ella, lo que no ocurre en este caso”.

Departamento de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central de Chile

«el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad tiene por objeto examinar si la aplicación de un precepto legal en una gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial resulta contraria a la Constitución. En consecuencia, se trata de una acción dirigida en contra de normas precisas de jerarquía legal concernidas en una gestión jurisdiccional y que puedan resultar derecho aplicable en ella.»

“el artículo 27 de la Ley 19.880, aplicable por supletoriedad al sumario sanitario, ha sido infraccionado por la recurrida de momento que dicha norma establece que los procedimientos administrativos no pueden exceder de seis meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final, lo que claramente la autoridad sanitaria ha vulnerado, contraviniendo el principio de celeridad”

“establecer un comité de especialistas para determinar cuáles son las enfermedades que pudieran cubrir, a qué tipo de pacientes y finalmente disponer del patrocinio del Ejecutivo para contar con los recursos.»

se objetan las expresiones “en la forma que determine el Reglamento” e “inválido”, por cuanto se estima que vulneran la igualdad ante la ley y la no discriminación por razón alguna incluida el género de las personas.