El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, que condenó al municipio a pagar $10.000.000 por daño moral, y $1.743.965 por daño emergente, a la víctima.
El máximo Tribunal sugiere informar negativamente esta reforma, haciendo presente que ella vulnera el contenido mínimo del mandato de determinación de la ley penal que establece el inciso final del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República.
El Tribunal de alzada acogió la acción proteccional, tras establecer que las recurridas no han adoptado las medidas pertinentes para reguardar garantías constitucionales conculcadas.
La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones descarta el rechazo de plano para casos en que se hubiere formulado observaciones.
La sanción adoptada no se encuentra ejecutoriada pues está pendiente el recurso de apelación que el recurrente dedujo.
Corresponde aplicar supletoriamente las normas del Código del Trabajo a una relación laboral regida por el Estatuto Docente.
El concurso público fue efectuado con plena observancia del procedimiento que debía observarse.
Declarando la vulneración al derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.
Se propuso un candidato que por su situación procesal no podía comparecer libre y personalmente ante el Parlamento al pesar sobre él una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión.
Consideró que no había existido vulneración de las garantías fundamentales al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad de la accionante.
