Esto tras constatar las dificultades para notificar a demandada por una eventual vulneración de garantías constitucionales en la que habría incurrido, al haber publicado a través de Facebook, expresiones peyorativas en contra de la demandante.
Se determinó que «(…) se estima que la sanción pecuniaria resulta razonable para que el sentenciado comprenda a futuro el necesario respeto que ha de tener con los demás seres vivos, regulándose la misma en dos unidades tributarias mensuales”.
La sentencia establece que la denuncia emitida por TVN por las irregularidades en los locales fabricación de insumos de alimentos de los demandantes, encuentra su justificación en el resguardo de la salud pública.
Se concluye manifestando que, en la especie, no existe una infracción a los artículos 7° de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento.
El documento describe las funciones de este cargo en una municipalidad.
La gestión pendiente invocada recae en un recurso de protección de protección, interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema en virtud de un recurso de apelación.
El Presidente de la Corte ha fijado el 31 de marzo de 2017 como plazo límite para la presentación de las observaciones escritas.
Informe que fue remitido al presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade.
La gestión pendiente incide en autos sobre reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, de que conoce la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Concluye el documento insistiendo que el diálogo de fuentes dentro del marco del Derecho del Consumidor, tiene en su horizonte la protección jurídica del sujeto débil.
