El tribunal, además, ha realizado las gestiones necesarias para la protección del interno, con lo cual la decisión aparece revestida de suficiente fundamento.
El efecto acumulativo de las declaraciones pudo influir en la decisión del tribunal que conoció del recurso de apelación. Por lo tanto, se violó la presunción de inocencia del demandante en virtud del artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Como resultado de estas conclusiones también se observa una violación de su derecho a un “tribunal independiente e imparcial” previsto en el artículo 6.1 del mismo cuerpo normativo.
No concurren las claras exigencias establecidas en el artículo 443 del Código Penal que demanda el uso de llave falsa o verdadera sustraídas, ganzúas u otros elementos semejantes o si se procede mediante fractura de puertas, vidrios, fierros, candados u otros dispositivos de protección, refiere el voto en contra.
El proyecto comenzó su análisis en la Comisión de Cultura de la Cámara. En la sesión asistieron representantes del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, quienes explicaron los pasos para lograr dicho reconocimiento.
La Primera Sala del máximo tribunal consideró que hubo error al acoger la excepción de prescripción planteada.
La primera de veintiséis sesiones se enfocó los fundamentos detallados en el primer artículo del borrador y estuvo marcada por las abstenciones de Chile Vamos.
Juez penal Héctor Barraza accedió a la solicitud de las defensas de entregar la identidad de los testigos reservados, agentes encubiertos y víctimas protegidas que figuran en la acusación en el marco de la causa abierta contra integrantes del denominado Clan “Los Gallegos”, brazo operativo con el “Tren de Aragua”.
La Tercera Sala del tribunal de alzada determinó que las referidas publicaciones son ilegales al infringir los derechos a defensa, a la honra y dignidad de las funcionarias aludidas.
La Quinta Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la casa de estudios superior al no flexibilizar las condiciones de horario y modalidad de asistencia para que la recurrente pudiese ejercer su maternidad mientras rendía los cursos inscritos para el semestre.
La Corte Suprema considera que la iniciativa requiere mayor desarrollo y perfeccionamientos debido a una serie de dificultades que se advierten del texto propuesto.
