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Recurso de amparo rechazado.

Vicios del procedimiento penal no pueden ser corregidos por la vía del amparo, por no afectar la libertad personal o seguridad individual de las personas, resuelve Corte de San Miguel.

La dilación en el cierre de la investigación, más allá de no configurar una amenaza a la garantía protegida, debe ser discutida en la sede judicial pertinente, que en este caso ha sido soslayada, no pudiendo pretenderse que por medio de esta acción constitucional se impugne lo actuado por el juez natural.

21 de marzo de 2024
Recurso de nulidad acogido por Corte de Valdivia.

A la víctima le quedaban solo meses para salir en libertad antes de sufrir una herida cortopunzante dentro de la unidad penal por lo que no se aviene con las máximas de la experiencia que haya absuelto al acusado sosteniendo que fue un suicidio.

Si bien es común dentro de los internos realizarse cortes para obtener atención a sus peticiones o para ser llevados al ASA, no es dable concluir que se auto lesionara de la forma que dan cuenta las lesiones constatadas en la autopsia, considerando que, a pesar de los auxilios, la lesión era de tipo vital.

21 de marzo de 2024
Recurso de unificación de jurisprudencia acogido.

El plazo para demandar los feriados legales adeudados es de dos años y se computa desde el término del contrato, resuelve la Corte Suprema.

El feriado legal, o “vacaciones”, al ser un derecho irrenunciable del trabajador, se encuentra protegido por la regla del inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo, y la acción para reclamar su pago prescribe en dos años. Sin embargo, tal plazo debe computarse desde la finalización del contrato, y no desde que el feriado legal se hace exigible.

21 de marzo de 2024
Recurso de protección rechazado por la Corte Suprema.

No procede mediante el recurso de protección ordenar al Servicio Médico Legal que efectúe una autopsia si el fiscal de la causa no indicó de forma específica en que debía prestar apoyo.

Para determinar la causa de muerte de la madre de la recurrente, un fiscal de Copiapó ordenó practicar una tercera autopsia sobre el cuerpo, la cual sería realizada por un forense privado bajo supervisión del SML, no obstante, el persecutor no indicó de forma específica si el recurrido debía prestar apoyo instrumental y profesional al galeno, o sólo limitarse a facilitar sus dependencias para realizar la diligencia; por lo tanto, la acción cautelar no puede prosperar.

21 de marzo de 2024
Recurso de casación en el fondo rechazado.

Demanda de precario que intentaba reclamar un predio que no era ocupado por el demandado, se rechaza por la Corte Suprema.

La magistratura -al mérito de las pruebas aportadas por las partes- observó que el demandado ocupaba un inmueble diferente al reclamado, además, el demandante no singularizó la ubicación exacta de la presunta ocupación, acusando al demandado de privar su dominio respecto de un retazo de 228 hectáreas en la comuna de Algarrobo; por lo que la acción fue desestimada por la justicia.

21 de marzo de 2024
Recurso de casación en el fondo acogido.

Abandono del procedimiento decretado en la causa de cumplimiento de un fallo no se extiende a la sentencia declarativa, resuelve la Corte Suprema.

El máximo Tribunal indicó que los efectos del abandono decretado en la causa de cumplimiento, no invalidan el derecho obtenido por el demandante en el juicio declarativo, por lo que la magistratura debió dar lugar a la demanda de cobro de pesos en juicio sumario deducida por el Fisco de Chile, fundada en una sentencia previa que ordenó el pago de 78 millones de pesos a su favor.

21 de marzo de 2024
Acción de impugnación rechazada.

Licitación pública de la PDI para la adquisición de chalecos antibalas no es ilegal ni arbitraria, resuelve Tribunal de Contratación Pública.

De acuerdo a las normas generales del onus probandi, la carga de la prueba para acreditar las impugnaciones correspondía única y exclusivamente a la parte demandante. Sin embargo, no consta de los antecedentes que la entidad licitante hubiere incurrido en alguna inobservancia al principio de libre concurrencia como tampoco al principio de imparcialidad ni a cualquier otro principio de la contratación administrativa.

21 de marzo de 2024
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