Se le impone al SERVEL la obligación de publicar y permitir el acceso a todas las personas a las copias de las actas de escrutinios de cada mesa receptora de sufragios.
No se ha probado que la decisión extintiva acordada por la empresa demandada, en si misma considerada, pretendiera la vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas de la trabajadora, ni que el móvil del empresario al acordar el despido respondiera a una causa vulneradora de esos derechos fundamentales lo que legalmente llevaría aparejada la nulidad del despido, según dispone la norma Estatutaria.
No procede que la DGA modifique el listado de derechos de aprovechamiento afectos al pago de patente por no uso en razón de la renuncia de éstos formulada con posterioridad a su inclusión en dicha lista.
De conformidad con el principio de proporcionalidad, solo la lucha contra la delincuencia grave y la prevención de amenazas graves para la seguridad pública pueden justificar una injerencia grave en los derechos fundamentales, como la que supone la conservación de los datos de tráfico y de localización.
El acusado disparó con su fusil de servicio y con munición letal a un manifestante que arrojó una piedra a un vehículo de Carabineros, causando lesiones permanentes en la pierna derecha de la víctima. El máximo Tribunal estimó que el hecho excedió el uso de la fuerza permitido por un agente del Estado en situaciones de control del orden público.
Al no describirse el modo en que se ha empleado la violencia (vis in rebus), tratándose simplemente de un acto de tomar unos objetos, con una proposición verbal, aunque es coactivo para la libertad de la denunciante al faltar la descripción de la violencia en el factum en la sentencia, se debe absolver.
Se estima que la tenencia de estos elementos es una conducta peligrosa por su potencialidad de afectar la seguridad de las personas y de la sociedad cuando se usan tanto para la planificación y ejecución de delitos.
El requerido fue juzgado en “contumacia” -ausencia- y condenado a 424 de prisión por un homicidio cometido en Colombia en 2019. En Chile, el encartado se encuentra en prisión preventiva en Copiapó, por su presunta participación en un delito de receptación.
La iniciativa busca establecer medidas para velar por el manejo diferenciado de los residuos orgánicos, así como el fortalecimiento de la planificación y la gobernanza de la gestión de los residuos en general.
En la sentencia de primera instancia fueron condenadas seis personas por los delitos de fraude al Fisco.
