la recurrida se ha constituido en una comisión especial, ya que “la disposición del auxilio de fuerza pública para lograr el cumplimiento de un decreto de demolición es un acto que debe emanar de la autoridad establecida por la ley”.
“la naturaleza de la obligación allí contraída y su supuesto incumplimiento, que la última considera ha vulnerado su derecho de propiedad, es una cuestión que la recurrente deberá discutir ante el tribunal competente, a través del respectivo juicio declarativo de lato conocimiento, pues lo pretendido escapa del marco de esta acción de carácter cautelar, sumaria y urgente, sino que debe analizarse a la luz de las normas del derecho común, que rigen los contratos”.
“el profesional puede ser removido en cualquier momento en pleno ejercicio de su cargo, con mayor razón en algunas ocasiones, ha quedado entregado al devenir el hecho de que, una vez producida la definición de la nómina correspondiente a la tercera etapa y efectuado el nombramiento del ganador de la terna en la cuarta y última etapa del proceso de postulación, éste quede finalmente sin efecto y no se concrete”.
la Constitución Política, en relación con lo previsto en el artículo 84 de la LOCTC, toda vez que el precepto legal impugnado podría resultar decisivo en la gestión judicial; la acción de inaplicabilidad deducida se encuentra razonablemente fundada
“privar del agua a los recurrentes les niega un elemento fundamental para la conservación de sus vidas, afectándose así el derecho invocado por ellos”
“lo que torna absolutamente inviable, para cualquier gobierno, ejecutar los programas que expusieron a la ciudadanía para ser electos”.
el TC concluyó que se ha dado cumplimiento a todos los requisitos exigidos por el artículo 93, inciso primero, N° 2, de la Constitución Política, en relación con lo previsto en el artículo 54 de la LOCTC.
“no se encuentra en la actualidad a cargo de la administración de la planta de tratamiento, e incluso existe un juicio por incumplimiento de contrato entre ambos recurridos, por lo que no puede afectarle este fallo en la forma que se acogerá el recurso”.
“el legislador en el artículo 493 del Código del Trabajo establece que cuando con los antecedentes aportados por la denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de la medida adoptada y su proporcionalidad”
para que el error antes anotado, que recae en una norma ordenatoria litis, permita invalidar lo decidido, es menester que coexista un yerro jurídico relacionado con la excepción de prescripción opuesta, es decir que de haberse permitido su interposición ésta hubiere prosperado”, cuestión que se resolvió no concurría “por haberse extraviado la contabilidad de la sociedad sin que ésta haya cumplido con la orden dada por el Servicio de reconstituirla y ponerla a su disposición”.
