La Tercera Sala del máximo tribunal estableció actuar arbitrario de la empresa al no bloquear sitios de apuestas ilegales, ya que la Polla Chilena de Beneficencia es el único organismo autorizado por ley para realizar tal actividad.
La Cuarta Sala del tribunal de alzada estableció la arbitrariedad de la sanción al estar justificada la instalación del dispositivo como parte del protocolo de seguridad del recinto educacional, los que incluso no fueron activados, por lo que no se habría afectado los derechos y garantías fundamentales de los alumnos.
Las modificaciones tienen como fin aclarar inquietudes surgidas desde la dictación del Acta 163-2023, de fecha 16 de agosto pasado, respecto del apoyo telemático entre tribunales y de la procedencia del trabajo a distancia.
La Octava Sala del tribunal de alzada descartó error en la sentencia que acogió la demanda.
Para el presidente de la Corte de Apelaciones, “las personas que están privadas de libertad, están efectivamente, o por decisión de un juez de garantía, mientras se resuelve su situación, o están condenadas a esa pena de presa de libertad, pero no a otras penas, no están condenados a no poder hacer escrituras, a no poder firmar documentos, a no poder hacer lo que estimen conveniente con sus bienes, con su vida privada, en la medida que no sea contra la ley”.
El informe señala que respecto a las modificaciones sobre las reglas de acuerdos de los progenitores sobre cuidado personal, se observa que la redacción no es clara respecto al establecimiento del régimen de cuidado personal compartido, lo que podría tener implicancias en el ejercicio de las potestades que la iniciativa otorga a la magistratura de familia.
Este cuerpo legal permite a los tribunales de justicia retener y pagar con los fondos que el alimentante tenga en sus cuentas bancarias u otros instrumentos financieros o de inversión, a fin de solucionar la deuda que mantenga por concepto de alimentos.
Si al impugnante no le gustó la manera en que se decidió y razonó por los jueces para desestimar su alegación, tal es un asunto diverso a que la explicación y fundamentación sea ilógica y atente contra el principio de la razón suficiente.
La resolución impugnada se encuentra en la hipótesis del artículo 24 de la Ley N° 14.908 parte final, el cual dispone que: Tampoco será recurrible la decisión que rechaza la objeción deducida; razón por la cual habrá de rechazarse el recurso de hecho.
El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia de la empresa estatal, quedando así a firme el fallo de primer grado que condenó a la demandada por despedir a un trabajador en razón de su edad, y le otorgó al demandado la opción de reincorporarlo a sus labores, o pagarle una indemnización.
