«el Estado reconoce la existencia de los Pueblos Indígenas, descendientes y continuadores históricos de las sociedades prehispánicas que se desarrollaron en el territorio sobre el que actualmente ejerce soberanía”

“una consecuencia del incumplimiento de un deber impuesto en el ordenamiento jurídico, tal como lo señalaron los jueces de fondo, quienes acertadamente se refieren a una responsabilidad objetiva por falta de servicio, es decir, no hacen alusión a un factor de imputación puramente objetivo, en el sentido doctrinario del término, sino que se refieren a él, como factor de imputación establecido en la ley”.

La gestión pendiente invocada es un proceso de protección, iniciado por una ciudadana haitiana, en contra de una resolución del Ministerio del Interior que decretó su expulsión fundada en que habría hecho declaraciones falsas en relación al contrato de trabajo, a efectos de obtener derecho a residencia.La Segunda Sala del TC declaró admisible el requerimiento […]

“claramente establecido que con la ejecución de faenas en el terreno dentro del que se sitúa el santuario, no va a existir algún tipo de riesgo o alteración en el valor paisajístico o turístico de la zona en que han de emplazarse las obras que pretenden ser llevadas a cabo por parte del dueño del terreno”

“plausible sostener que la conducta del profesor a cargo del curso visitado derivó de una justa causa de error motivada por las circunstancias en que se desarrollaba la jornada escolar y, fundamentalmente, realizada sin la intención de adulterar el registro de asistencia de los alumnos, siendo de la mayor relevancia para esta Corte la buena fe con que se actuó”.

“es posible colegir que la Dirección de Educación Municipal está facultada por el Estatuto Docente aplicable en la especie para trasladar a los profesores que prestan servicios en establecimientos educacionales dependientes de ella a otro recinto, manteniendo sus remuneraciones”

“la ilegalidad consiste en que se ha desviado del fin de la potestad que tiene la administración”, ello en el entendido que si bien “la administración puede celebrar esos contratos especiales de operación”, estos tiene por propósito allegar concurso o cooperación privado para la acción de explotación que realiza el Estado.

“al no existir antecedentes claros de la fecha en que cada una de las obligaciones contraídas por el recurrente se hicieron exigible, así como las circunstancias en que se encuentran los procesos que se han seguido para intentar el cobro de las mismas, sin que haya evidencia en autos de que dichos procesos hayan terminado, no es procedente por esta vía declarar la prescripción de éstas”

la aplicación en el caso sublite del precepto legal impugnado produce efectos inconstitucionales, afectando sus garantías del debido proceso y el derecho al recurso.

la recurrida se ha constituido en una comisión especial, ya que “la disposición del auxilio de fuerza pública para lograr el cumplimiento de un decreto de demolición es un acto que debe emanar de la autoridad establecida por la ley”.