En la actualidad se están llevando a cabo las actividades para desmantelar de forma total la línea donde se originó el vertimiento denunciado.
El reconocimiento legal es suficiente para la protección integral del derecho, sin que sea necesario obtener una inscripción al respecto, pues el legislador tampoco lo ha exigido.
El ordenamiento jurídico reconoce el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, de modo tal que es un deber jurídico de los sentenciadores considerar las especiales situaciones en que viven muchas mujeres incluso al computar los plazos legales.
El requirente alega que la limitación no tiene fundamento racional y vulnera sus garantías constitucionales.
Los sentenciadores realizaron una recta aplicación de la ley al resolver el asunto planteado, sin que se advierta el error de derecho en que hace consistir la infracción legal denunciada.
Lo anterior, para efectos del cálculo del bono de permanencia que se paga al momento del retiro, en atención al artículo 5 de la Ley N°20.801 en relación a los artículos 61 y 62 de la Ley N°18.961.
Las personas con algún tipo de discapacidad internadas en prisiones se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad, lo que exige una garantía reforzada para asegurarles el ejercicio de sus derechos y protección de su dignidad en condiciones de igualdad.
El defecto que se denuncia no fue determinante, toda vez que los funcionarios policiales estaban informados de la actividad ilícita que desarrollaba el acusado, lo habían visto realizar movimientos de tierra ese mismo día y habían sido informados por el coimputado sobre el delito.
La tesis de la defensa de que ambas conductas podían ser subsumidas en una única conducta, al ser tratadas como delitos de peligro abstracto por la Ley N°17.798 no tiene asidero.
En cuanto a la nulidad formal, los juicios regidos por leyes especiales no pueden ser reclamados mediante la causal del N°9 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.
