Al incluirse en el cálculo de este bono el tiempo servido en conscripción militar en la Ley 20.801, nació para el actor la confianza legítima de incorporarlo en el período de permanencia en la institución.
La recurrida adoptó las medidas necesarias para investigar la razón de la negativa de la aseguradora de iniciar el proceso de liquidación del siniestro denunciado por la actora.
La negativa de la recurrida impide al actor ejercer su profesión, cuyos ingresos le permitirían pagar las obligaciones pecuniarias pendientes.
Debe adoptarse una perspectiva que logre “un equilibrio sin desconocer la cristalización de los roles que históricamente los cónyuges desempeñaron durante la comunidad de vida que hoy ya no existe.”
Se deben contabilizar las notas de crédito recibidas por la devolución de medicamentos como un hecho económico distinto a la adquisición de los mismos.
Por ello, no puede dejarse sin efecto la resolución judicial impugnada.
El valor económico de conservar íntegro el ecosistema de manglar sobrepasa el de su explotación o el de reemplazarlo por “otras” actividades productivas.
Además, la recurrida alegó que la entrega de poderes a terceros ajenos al sindicato no estaba regulada en su estatuto.
El funcionamiento de la Cámara no debe verse paralizado, aunque lo sea de modo temporal, menos aún en el caso de un estado de alarma en vigor.
Además, se encuentran pendientes recursos administrativos relativos a la resolución impugnada.
