En el libelo, la Corporación Taurina de Bogotá, arguye en esencia haberse violado el debido proceso al terminar de forma unilateral el contrato para el préstamo de la plaza que estaba firmado hasta el 2015.
La gestión pendiente incide en un recurso de protección sustanciado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de protección; decisión que fue confirmada en todas sus partes por la Corte Suprema en alzada.
En su sentencia razonó la CS que no parece verosímil que los usuarios de este servicio de certificaciones de desembarques no hayan tomado conocimiento de la Resolución N° 048 sino hasta mayo de 2014.
El Contralor concluye que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas deberá efectuar la reapertura de la investigación, con la finalidad de subsanar las anomalías precisadas.
Concluye la sentencia expresando que al confirmar la Corte Suprema la antedicha resolución razona sobre la base de que la protección solicitada carece de base indubitada.
El recurrente estimó vulneradas las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1 y N°3 de la Carta Fundamental, por el acto que calificó de arbitrario e ilegal consistente en su detención realizada por la recurrente el día 30 de abril último.
La Comisión acordó escuchará durante la próxima sesión a los sindicatos de los trabajadores de CONAF.
La Corte Suprema, en alzada, confirmó el fallo en todas sus partes, con la prevención del Abogado integrante, Sr. Bates.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Brito, quien fue del parecer que el fallo impugnado no se dictó con infracción de ley.
