La Comisión pide suspender la ejecución de Rubén Ramírez Cárdenas, ciudadano mexicano y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, la cual está programada para el 8 de noviembre de 2017 en el Estado de Texas.
De acuerdo al órgano “esta condena a muerte ha sido impuesta en flagrante contradicción con las obligaciones contraídas por Mauritania en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y en particular la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en la que es Estado Parte”.
Se señala que no solo propone la robotización de la sociedad, sino también la creación de capital humano avanzado que sea capaz de trabajar en forma colaborativa.
El recurso de nulidad sustancial acusa la vulneración de las leyes reguladoras de la prueba, lo que la Corte descarta, luego de observar que las alegaciones de la recurrente descansan más bien en su disconformidad con el valor que asignaron los sentenciadores a la prueba rendida.
Vulnera la garantía de igualdad ante la ley y la libertad de trabajo y su protección, el despido motivado por diferencias políticas en razón de la cercanía y amistad con la alcaldesa anterior, más aún si la demandada no acreditó los incumplimientos que le imputa a la actora.
Formulación de cargos no la efectúo el funcionario que dispone la ley sino el Encargado Regional de Fiscalización en quien se delegó facultades por el Director Regional de la Superintendencia de Educación, no obstante ser una atribución exclusiva y privativa del fiscal instructor, que no puede ser objeto de delegación.
Presencia de una antena celular en un predio, aún cuando genera mayor rentabilidad, no es un criterio suficiente para que el SII incremente la tasación fiscal y aplique sobre el mismo un mayor impuesto territorial.
El máximo Tribunal concluyó que las solicitudes planteadas exceden los márgenes del recurso de protección.
El máximo Tribunal revocó la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Rancagua, tras establecer la legalidad del actuar de las recurridas.
El máximo Tribunal estableció que los miembros de la Corte de Rancagua recurridos cometieron una falta o abuso grave al modificar la resolución de primer grado y declarar la prescripción de la acción deducida.
