El Consejo para la Transparencia ha recibido casi 120 mil solicitudes el primer semestre de 2018 en su portal, lo que según su presidente, respondería a que la gente se está dando cuenta «que la información es de su propiedad».
La mayor parte de ese dinero procedió de aportaciones de simpatizantes de su causa tras la suscripción nacional abierta para financiar la guerra.
El máximo Tribunal acogió el recurso deducido y ordenó, en sentencia de reemplazo, a la recurrida Sociedad Educacional Colegio Santa María de Santiago restituir los fondos descontados.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, que condenó a ex agentes a 5 años y un día de presidio, en calidad de coautores del delito.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer que el actuar de la recurrida vulneró las garantías del debido proceso.
Expresan su preocupación ante prácticas discriminatorias que se han observado en los últimos meses en la región, que van desde la solicitud de pasaportes, certificados, apostillas u otros documentos oficiales para la entrada a sus territorios; la militarización de las fronteras; entre otros.
El objetivo de esa política es proteger a los balnearios y solaneras de la proliferación y perpetuamiento de concesiones que restan amplias superficies de playa.
De acuerdo al Reglamento Interno del colegio, se contempla la sanción de expulsión por agresión a funcionaria y compañeros.
Si bien los demandantes lograron probar la afectación sicológica que les provocó el despido, esta afectación no se produce necesariamente por una vulneración de derechos fundamentales.
El dictamen sostiene que en la situación en análisis el interesado no efectuó desembolso alguno por concepto de alojamiento.
