Gendarmería no ha dado cumplimiento a su deber de garante del derecho a la integridad personal de las internas privadas de libertad.
Los gastos en que incurre quien sufre un ilícito no necesitan de una acabada prueba documental. Se presume que quien ha sufrido lesiones que requirieron tratamiento médico debe realizar gastos extraordinarios en concepto de medicamentos, sin que obste a tal solución que el afectado haya sido atendido en hospitales públicos o privados, ya que también en estos supuestos debe afrontar ciertos pagos.
El requirente alegó que se le impide ejercer la acción penal, vulnerando su garantía la tutela judicial efectiva.
Los jueces de fondo revocaron la sentencia de base y en su lugar, de oficio, eximieron del pago a empleador y tuvieron por terminada la ejecución sin tener causa legal para ello, decisión adoptada con falta y abuso grave al privar al trabajador de su derecho al debido proceso y conocer los razonamientos adoptados por la Corte para arribar a tal conclusión.
El recurrente no demostró que su condena es extremadamente desproporcionada respecto a sus 41 delitos. El daño que ha infligido a sus nueve víctimas e innumerables personas no identificadas es inconmensurable. Consideramos que la sentencia no es constitucionalmente desproporcionada.
No es necesario invocar la aplicación del enfoque de género en la acusación, pues es una obligación para el Tribunal, como agente del estado en el rol de garante de derechos humanos.
Si bien no puede declararse la invalidez de las primeras actas de nacimiento pues subsiste el tema relativo a la filiación existente entre los recurrentes y su padre biológico, sí se ordenará una anotación marginal en la cual se establezca que se hizo un nuevo registro por virtud de la filiación por solidaridad, con base en el reconocimiento que hizo el causante.
Por regla general, la muerte del mandante extingue el mandato, pero excepcionalmente y en atención al artículo 396 del Código Orgánico de Tribunales, el mandato judicial persiste luego del fallecimiento de quien lo otorga.
El interés contendido en el contrato debe contrastarse con el tipo medio de las operaciones de crédito al consumo en su conjunto, en operaciones a plazo de uno a cinco años, que era del 7,49 % TAE, lo que lleva a reputar como claramente desproporcionado el fijado en el contrato.
La aplicación de la jurisprudencia no debe interpretarse como una imposición de esta Corte, sino como la aplicación de la función Constitucional de unificar la interpretación del derecho que le corresponde a cada órgano jurisdiccional, así como también en aras de preservar la vigencia de los principios de seguridad jurídica, confianza legítima en las decisiones de los jueces e igualdad en el acceso a la administración de justicia para la solución de los conflictos.
