El presidente de la instancia, diputado Torres, se mostró conforme con el importante avance en el despacho de la iniciativa la aprobación con importantes consensos de múltiples indicaciones para perfeccionar el proyecto presentado por el Ejecutivo.

Se solicitó pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte de la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud- acerca de la legalidad de la comisión de servicio en el extranjero que cumplió la ex Directora Nacional de ese organismo, quien, además, ejerce como concejal de la Municipalidad de Vitacura, por cuanto, a su juicio, aquélla no se habría referido a labores propias de la repartición que dirige.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional arguye, en esencia, que la norma del artículo 2° del proyecto de ley sometido a control, que agrega una letra d) al artículo 20 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, es propia de la ley orgánica constitucional a que alude el inciso quinto del artículo 118 de la Constitución Política, al regular una materia atingente a las funciones y atribuciones de las Municipalidades, en la medida que establece la obligación de llevar un registro, a cargo de la Secretaría Municipal.

Se solicitó a la CGR –por parte de un particular- reconsiderar el oficio N° 11.430, de 2013, de la Sede Regional de Valparaíso que, en lo pertinente, concluyó, que el traslado de la solicitante se había ajustado a derecho.

La Corte Suprema rechazó Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado en contra de la sentencia del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago que dictó condena de 15 años y un día de presidio, respecto del autor de diversos delitos de connotación sexual.

Al respecto, el órgano de control señaló, en esencia, que ”de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 del artículo primero de la ley N° 20.285, que el mencionado Consejo es la entidad competente para amparar el derecho de acceso a la información cuando es denegado por la autoridad administrativa”.

Se solicitó a la CGR –por parte de un particular- pronunciarse sobre la impugnación de un concurso público convocado para proveer la plaza de jefe de Departamento, grado 5 de la E.U.S., para desempeñarse como Jefe de Departamento de Ejecución Territorial, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ya que, a su juicio, durante su desarrollo se habrían producido irregularidades que afectarían su Validez.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos 62 inciso 2° y 160 de la Ley General de Urbanismo y Construcción.

Se dedujo acción de protección en contra del Inspector Fiscal de la obra “Ruta Camino a Concepción”, por parte de un empresario, a fin de que se declarara ilegal y arbitrario el hecho consistente en la toma de posesión material de un terreno de su propiedad expropiado legalmente, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho de propiedad.

Cabe recordar que, entre otras materias, la propuesta incluye dentro de los sujetos pasivos de Lobby a los asesores legislativos que anualmente indique cada parlamentario, en la forma y con el procedimiento que determine la Comisión de Ética correspondiente.