Se dedujo recurso de casación en el fondo, por la parte ejecutada, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó el fallo de primera instancia, rechazó las excepciones opuestas por la ejecutada y, consecuencialmente, ordenó seguir adelante la ejecución hasta hacerse entero y cumplido pago de la deuda que se reclamaba.

Se dedujo recurso de casación en el fondo, por la parte demandada, y recurso de nulidad formal por el demandante, respecto de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que, conociendo de un recurso de apelación, revocó el fallo de primera instancia sólo en aquella parte en que fijó una indemnización por lucro cesante y, en su lugar, rechazó la demanda por dicho concepto, confirmando la sentencia en lo demás, con declaración que los intereses y reajustes se deberán desde que el mismo quede ejecutoriado.

Se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte del Director de Control de la Municipalidad de Cerrillos- sobre la medida de suspensión preventiva ordenada a su respecto por dicha entidad edilicia, durante la tramitación de un proceso sumarial incoado con el objeto de investigar las responsabilidades administrativas derivadas de las irregularidades que habrían existido en el contrato de concesión de servicios que indica.

Se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte de un particular- respecto a si las municipalidades se encuentran facultadas para efectuar el cambio de nombre a las calles y avenidas ubicadas en sus respectivos territorios comunales.

El TC rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 348, inciso 4°, del Código de Procesal Penal

La Sala del Senado –con 28 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones- no dio curso a la demanda civil interpuesta en contra la Ministra de Educación, Carolina Schmidt, luego de analizar el informe de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta que recomendaba no dar a lugar a la acción presentada por no existir mérito, en cuanto a que la acción no cumplía con los requisitos exigidos por la ley, esto es, no existir un “nexo causal” entre el perjuicio del demandante y las declaraciones de la Ministra.

La Cámara de Diputados aprobó –con 57 votos a favor, 54 en contra y 1 abstención- la iniciativa conocida como “Ley Hinzpeter”, que propone fortalecer el resguardo al orden público.

Se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte de un funcionario de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana- acerca del pago de las rentas que se le adeudarían por haber realizado además de sus labores de auxiliar, las tareas de secretario, entre mayo de 2010 y agosto de 2012.

Se dedujo recurso de casación en la forma, por la parte demandada, respecto de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que revocó el fallo de primer grado acogiendo la demanda y, al mismo tiempo, se pronunció rechazando el incidente de incompetencia del tribunal promovido en segunda instancia, todo ello en juicio ordinario de nulidad de derecho público.

En su último trámite constitucional, fue aprobado por 03 votos a favor y 2 abstenciones el proyecto que crea el Ministerio del Deporte, culminando de esa forma su tramitación en el Congreso, siendo enviado al Ejecutivo para su promulgación como ley.