Al actor señala que el actuar de la Alcaldesa riñe con el derecho a la defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia y fuero maternal. Aplicando medidas que no son racionales ni justas y que han dejado a la funcionaria en total y absoluta indefensión.

La iniciativa busca ampliar la participación de la ciudadanía, considerando la actual crisis de representación y de legitimidad del sistema político.

Se pospuso la adopción del acuerdo. Esto, en atención a lo dispuesto en el artículo 20 de la LOCTC, en relación con el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

Desconocido el cargo por el usuario y efectuado el reclamo, correspondía al recurrido probar la autorización de éste.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La demandada invocó la causal de desahucio del empleador.

No hubo vulneración de los derechos consagrados en los artículos 14, 15 y 24 de la Constitución Española.

El requirente aduce que se vulnera la libertad personal y seguridad individual, pues no se cumple el parámetro de proporcionalidad, toda vez que existe otra medida por medio de la cual se pueda lograr el mismo objetivo, sin que sea arrestado.

Recientemente la Ciudad de México, a través de su Poder Legislativo, aprobó la denominada “Ley Ingrid”, con la finalidad de sancionar a aquellos servidores públicos que difundan imágenes de víctimas.

Los recurrentes solicitaron a la Corte disponer de acciones de compensación y mitigación para la comunidad, ya que la contaminación vulnera los derechos fundmentales del artículo 19 Nº 1, 8 y 24 de la Constitución.