El libelo mencionó hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución.
El ordenamiento jurídico prevé un procedimiento especial para determinar si la decisión de sancionar a un residente fue adoptada correctamente.
Las excepciones al derecho a la libertad de asociación y de reunión deben interpretarse de forma restrictiva, de modo que su enumeración sea estrictamente exhaustiva y su definición necesariamente restrictiva.
La norma carece de parámetros objetivos que permitan determinar las sanciones con proporcionalidad.
El decreto establece una distinción basada en la edad que carece de sustento racional, lo que viola el derecho a la igualdad ante la ley.
En el desempeño de su cargo, el funcionario público no puede realizar actividades ajenas al mismo, como son las de carácter político contingente.
Actualmente la ley contempla la publicación de la nómina de vocales de mesas en un diario o periódico. Sin embargo, al tratar la publicación de los facsímiles de votos, sólo menciona como medio de difusión masivo el diario, dejando fuera a los periódicos.
La norma impugnada comprende un completo test acerca de la validez procesal de las presunciones, y exige un conjunto amplísimo de conexiones y requisitos, cuya consecuencia es, precisamente, reducir la arbitrariedad judicial.
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
Las alegaciones de falta de notificación deben realizarse mediante el recurso de revisión ante el superior jerárquico.
