Municipio intentó el cobro de la patente por el periodo entre julio de 2020 a junio de 2021, en circunstancias que la empresa dejó de existir el 31 de diciembre de 2019 al fusionarse con otra, por lo que los cobros intentados son improcedentes.
El actor alegó que no ejecutar la expropiación inmediatamente después de declarada la utilidad pública de su terreno configuraba una omisión ilegal, sin embargo, la Corte descartó ese argumento, puesto que la Ley no dispone de un plazo de caducidad de la declaratoria de utilidad pública.
Se debe hacer teniendo en cuenta sus condiciones particulares, siendo inadmisible la utilización de espacios destinados para cumplir medidas de aislamiento para tal propósito bajo el pretexto de que su internamiento en estas locaciones busca garantizar la integridad de esta población, a menos que se configure alguna de las causales señaladas en la normativa aplicable.
Las modalidades de retribución convenidas no fueron ajustadas en correlación a los cupos que se haya permitido aprovechar, circunstancia que provoca un desequilibrio económico de las prestaciones.
En la determinación del quantum se debe valorar la intensidad del daño y no se pueden desconocer las circunstancias fácticas accesorias de la conducta dañosa. No puede soslayarse que la duración de la privación ilegítima fue de cuatro días, aspecto que debe ser tomado en cuenta al fijar la indemnización en forma prudencial.
¿Qué lecciones deja la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina sobre el caso Denegri vs Google para los países de América Latina?
La inspección personal consistió en un recorrido por seis puntos del humedal urbano Los Pelúes, sector Isla Teja, para analizar las condiciones ambientales existentes en esta área asociada a la controversia de la reclamación.
Tres de estos proyectos inmobiliarios contemplarían la ejecución de obras y actividades en áreas colocadas bajo protección oficial como los son el Santuario de la Naturaleza Estero Quitralco, la Zona de Interés Turístico “Provincia de Los Glaciares” y la Zona de Interés Turístico Chelenko.
Si bien –como regla general- no es procedente recurrir de protección en contra de decisiones o actuaciones judiciales, sí lo es cuando quien invoca el amparo de sus derechos cautelados no tiene calidad de interviniente o parte en la causa o proceso en que se adoptó la medida que le es perjudicial.
El amparado ya se encuentra sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva en causa seguida ante el mismo Juzgado de Garantía de Chillán, de forma tal que una segunda medida cautelar de dicha entidad, ahora a propósito de una causa diversa -del mismo tribunal-, no puede ser impuesta de forma anticipada.
