Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, recalcó que respaldo de archivos es una de las obligaciones que deben cumplir quienes se desempeñan en el aparato público. Asimismo, enfatizó que Chile aún presenta atrasos en materia de gestión documental.

Pese a obligación legal de reportar, establecida en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, menos del 15% de las municipalidades del país se encuentra inscrito en la UAF y, por ende, está en condiciones de informar las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que detecten en el ejercicio de sus funciones.

El Tribunal de alzada descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, el 29 de diciembre del año pasado.

El Tribunal estableció la responsabilidad extracontractual de la Autopista Los Libertadores S.A. por la presencia del animal en la vía de alta velocidad.

La Comisión concluyó la violación del derecho a la propiedad de las víctimas por no haberles provisto acceso efectivo al título de propiedad sobre su territorio ancestral.

La sentencia indica que «el discurso del odio es claro en su afirmación antijurídica y típica».

La gestión pendiente incide en un recurso de unificación de jurisprudencia, de que conoce la Corte Suprema, en que se impugna una sentencia laboral que condenó a la Municipalidad requirente por despido injustificado de una trabajadora a honorarios.

El fallo concluyó que, al acoger la Corte de Concepción el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia del grado, se alejó de la correcta interpretación de la normativa aplicable al caso de autos.

El Tribunal Europeo señaló que la empresa SNCF (empresa estatal de ferrocarriles) tolera que sus agentes usen puntualmente para fines privados los recursos puestos a disposición de los trabajadores mientras se especifican las reglas a seguir.

La gestión pendiente incide en autos sobre investigación sumaria, seguidos ante el Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de la Región del Bíobío, en los que el abogado requirente, funcionario de dicha CAJ, se encuentra sumariado por haber patrocinado como abogado particular a un imputado por infracción a la Ley de Drogas.