Se dedujo acción de protección en contra de la Contraloría General de la República, por cuanto emitió un dictamen en el cual señala que los abogados que actúan como defensores públicos licitados en el sistema procesal penal se encuentran afectos a la prohibición establecida en el artículo 61 de la Ley N° 20.000

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte de un funcionario de Carabineros de Chile- pronunciarse sobre la legalidad de la sanción de diez días de arresto que se le impuso, toda vez que, en su opinión, habría operado la prescripción de la acción disciplinaria.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte del Rector de la Universidad de Santiago (USACH)- emitir pronunciamiento acerca del retardo por parte del Ministerio de Educación en la tramitación legislativa del nuevo estatuto orgánico de esa casa de estudios, que fue presentado en el año 2009.

En el marco de la investigación de violaciones de derechos humanos acaecidas en nuestro país, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973

Se dedujo acción de protección en contra de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, (JUNAEB), por cuanto puso término anticipado a la contrata bajo la cual servía un funcionario.

Se ejerció acción penal en contra de cinco personas naturales por la participación que les correspondió en los delitos de malversación de caudales públicos y uso malicioso de instrumento privado mercantil falsificado, actuaciones ilícitas cometidas durante se desempeño en la Intendencia Regional de Valparaíso, durante los años 2008 y 2009

Se dedujo un recurso de queja en contra de Ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que, revocando la decisión de primera instancia, declararon el sobreseimiento definitivo de una investigación por robo con violencia, por haberse deducido la acusación penal fuera del plazo establecido para ello, siendo que no resultaba procedente, de conformidad con los artículos 247 y 259 del Código Procesal Penal.

La CIDH, en el marco de una serie de medidas provisionales, solicitó al Estado de El Salvador adoptar y garantizar, de manera urgente, todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que el grupo médico tratante de la joven afectada pueda adoptar, sin interferencia alguna, las medidas médicas que se consideren oportunas y convenientes para evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables en la vida, integridad personal y salud, entre ellas la práctica del aborto terapéutico.

Se solicitó a la Contraloría General de la República –por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería- pronunciamiento sobre si procede compensar con descanso complementario el tiempo empleado por sus servidores en trasladarse, fuera de su jornada ordinaria de trabajo, al lugar en que deben realizar un cometido funcionario, para asistir a cursos de capacitación o, en el caso de los choferes, para transportar a otros servidores para el cumplimiento de sus labores.

El proyecto de ley, iniciado por moción de los diputados Álvarez, Baltolu, Bauer, Bobadilla, Calderón, Hasbún, Hernández, Morales, Norambuena y Urrutia, expone que “la Acusación Constitucional, heredada de la figura del impeachment americano, ha sido concebida desde su origen como una figura de derecho estricto y de carácter excepcionalísima”.