CS revocó sentencia de la Corte de Concepción y declaró admisible acción de protección por no renovación de contrata de funcionarios públicos.
“lo imputado a la Administración es haber incurrido en una ilegalidad o arbitrariedad al no renovar las contratas que unía a los recurrentes con el Administración Regional, la que se materializó el 31 de marzo pasado”.