El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal de la recurrida al otorgar el permiso de construcción en un terreno cuya titularidad se encuentra en disputa.
En la decisión, la Tercera Sala del máximo tribunal aceptó la petición planteada el 10 de mayo por la Superintendencia de Salud basada en la presentación del denominado proyecto de ley corta de isapres ante el Congreso Nacional.
Las enmiendas proponen una ley institucional que regule a los órganos autónomos y una Comisión Nacional de Justicia que los coordine. Sin embargo, el foco de disputa entre oficialismo y oposición es el nombramiento de los miembros de cada órgano.
El informe tiene por objetivo dar cuenta de los impactos ocasionados en los derechos humanos por efecto y en el contexto de la pandemia de COVID-19.
La obligación de fundamentar las decisiones que se impone a la autoridad, constituye un imperativo legal, que rige también respecto a la Casa de Estudios.
El requirente alega que la aplicación de las normas legales impugnadas vulneran su integridad física y psíquica, el derecho a la propiedad, entre otras garantías constitucionales.
Los choferes que prestan servicios en la plataforma actúan libremente de acuerdo a su disponibilidad, pudiendo negarse a realizar viajes, sin recibir sanción por ello, sin cumplir jornada, recibiendo un pago fijo del pasajero o a través de la aplicación, lo cual no se condice con un contrato de trabajo.
El máximo Tribunal estimó que el funcionario administró deslealmente el patrimonio de su unidad militar, para gestionar un viatico que le reembolsaría una suma de dinero que el acusado aportó ante una emergencia, para suplir los gastos menores del regimiento.
Se deben observar las recomendaciones y dictámenes de los órganos internacionales competentes, que destacan la importancia de permitir que los candidatos pertenecientes a grupos minoritarios utilicen su lengua materna en las campañas electorales a fin de garantizar que las personas pertenecientes a dichos grupos accedan a las elecciones en igualdad de condiciones con otros ciudadanos.
Existen múltiples razones para que el Estado exija contratar sólo con empresas que cumplan con las leyes laborales -como exige el precepto legal impugnado- de manera de evitar asociar al Estado con comportamientos ilícitos que vulneren los derechos de los trabajadores
