La Magistratura Constitucional colombiana tuteló el derecho al debido proceso de las accionantes.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
El requirente estima en síntesis que el precepto impugnado vulnera el derecho de propiedad y el debido proceso.
El acuerdo fue firmado por 19 países americanos en marzo pasado, en Buenos Aires, avanzado en una lógica ya existente en la Unión Europea. Estimaron inexplicable la ausencia de Chile en la firma de un convenio altamente conveniente para los nacionales.
Para la abogada italiana Nobili la clave está en adaptarse en este momento previo al RGPD y su entrada en vigor «es un proceso de adaptación laborioso pero necesario. Una vez definidos nuestros riesgos, tratamientos, medidas de seguridad y quién se va a encargar de gestionar la privacidad de la empresa se trata de actualizarlo periódicamente. Al final debe convertirse en parte de la actividad habitual de la empresa».
El texto señala que desde el año 2000 se ha puesto en práctica un formato de decisión local- central para la toma de decisiones ambientales. Es decir, la ciudadanía en conjunto con los gobiernos locales son los componentes más importantes a la hora de aprobar o rechazar un proyecto, una ley o una política relacionada con su entorno y comunidades.
La Relatoría arguye que los ataques endémicos en contra de periodistas, así como de las personas defensoras de derechos humanos, sin duda representan la amenaza más inmediata y desafiante a la libertad de expresión en México.
El Tribunal estableció la conducta negligente de la Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal, al no notificar oportunamente que había dejado de ser representante legal, lo que causó su detención por orden de un tribunal de cobranza laboral.
El máximo Tribunal revocó la sentencia que había rechazado el recurso presentado por un cliente que fue incluido en un registro del Banco de Chile pese a que tenía una deuda castigada.
El máximo Tribunal descartó actuar arbitrario de la CGR al ordenar el reintegro de remuneraciones extras de un juez y un secretario de policía local de San Bernardo, correspondientes a $22.921.521 y $18.631.426, respectivamente.
