El Tribunal estableció que existió una vulneración de derechos fundamentales dado que no se justifica el despido, además de una discriminación en contra de la demandante.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sudáfrica, Shenilla Mohamed, asegura que «la sentencia envía un mensaje claro de que las empresas mineras multinacionales no pueden pisotear los derechos de las personas en su búsqueda de beneficios».
Los legisladores recuerdan que el programa considera la instalación de un sistema de estudio de casos y un mecanismo de apoyo técnico para una correcta cobertura mediática.
Por el incumplimiento del Programa de Monitoreo Permanente de la calidad del efluente respectivo a la descarga de Riles de la Central Termoeléctrica Bocamina I y II.
de Mubarak.
Confirma la decisión del Consejo de Europa que tenía «suficientes datos respecto al contexto político y judicial en Egipto y a los procedimientos judiciales seguidos contra los miembros de la familia Mubarak para adoptar esa decisión».
Judicatura especializada resolvió dos demandas del Consejo de Defensa del Estado en contra de la minera, concluyendo en la primera que la acción de la empresa desecó parte importante de la vega Valle Ancho, mientras que declaró prescrita la acción para la vega Pantanillo.
El Tribunal ordenó a la empresa demandada indemnizar a la temporera por su responsabilidad en caída que sufrió desde carro de arrastre (coloso), el 21 de octubre de 2016, en San Javier.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar deducida en contra de la Municipalidad de Estación Central que acordó la cancelación de la patente.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 1° Juzgado Civil de Santiago, que ordenó al municipio pagar $2.326.569 a la demandante.
El Tribunal de alzada condenó a Orlando Altamirano Sanhueza a la pena de 10 años y un día presidio por su responsabilidad como autor del homicidio.
