El requirente alega que al restringirse los motivos en que puede fundarse el reclamo se vulnera la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en ejercicio de los derechos, entre otras garantías constitucionales.
La SEREMI de Bienes Nacionales del Biobío acogió la solicitud de regularización iniciada por el recurrente, sin percatarse que la propiedad había sido transmitida, en el intertanto, al Fisco de Chile, que adquirió mediante el modo sucesión por causa de muerte por haberse declarado la herencia vacante.
Cuando se trata de la difusión de la imagen de menores en medios de comunicación, el consentimiento, bien del menor maduro, bien de sus representantes, es insuficiente para legitimar la intromisión si se aprecia el riesgo de daño al interés del menor.
No obstante, deberá arbitrar todas las medidas de índole preventivo para resguardar la vida, la integridad física y psíquica y la honra de sus funcionarios, las que deberán ser compatibles con la protección del interés superior del niño, en los términos anotados en el dictamen.
El requirente estima que la caducidad de la acción de despido indebido o improcedente conculca su derecho a la acción, el cual es reflejo de la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva.
En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega, se deberá tarjar los datos personales y sensibles de contexto que pudieren estar contenido en la información cuya entrega se ordena.
El decreto N° 221 del Ministerio de Educación establece cambios al actual decreto que regula el Programa de Becas de Educación Superior.
La Corte puntualizó que la acción indemnizatoria que tienen las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos sí es prescriptible, ya que ningún cuerpo normativo establece la imprescriptibilidad de la misma.
El control de la emisión de una ley tanto en el procedimiento de su elaboración como en cuanto a su contenido, es posterior y no preventivo. Si el objeto de control son los actos parlamentarios conducentes a la expedición de una ley, entonces será, en principio, el proceso de inconstitucionalidad el que corresponda incoar, pero no un proceso de amparo que responde a una naturaleza y lógica distintas.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia que condenó al ex fiscal militar Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud y al oficial en retiro del Ejército Jaime Guillermo García Covarrubias a penas de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito.
