En cuanto al procedimiento común a aplicar, se dispone que el Tribunal conocerá de los asuntos en cuenta, salvo que se estimare conveniente oír los alegatos de los abogados.

Tales atribuciones, estiman los autores de la iniciativa, “no pueden exacerbarse” en el sentido de nombrar para tales “cargos a autoridades o representantes de la soberanía popular, elegidos en los términos establecidos en el artículo 5º de la misma Carta Fundamental”, pues Senadores “han sido designados Ministros de Estado”, lo que, en su opinión, contraviene “la decisión de los electores que han elegido a dichos representantes” en elecciones legítimas, privándolos, en forma injustificada “de sus representantes” lo que conlleva “un verdadero desprecio por los resultados de las elecciones”.

Existe una incongruencia que es necesario subsanar, pues mientras “no pueden ser elegidos parlamentarios los Ministros de Estado”, un parlamentario “sí puede dejar su cargo como parlamentario para desempeñarse como Ministro de Estado”.

Un particular dedujo recurso de protección en contra de “DICOM EQUIFAX” para que se deje sin efecto la emisión de informes a su respecto que contengan el denominado “predictor de riesgo”, ya que éste último –afirma- construye un juicio de valor sin ningún antecedente objetivo, lo que le causa menoscabo discriminándolo frente al sistema financiero […]

“que este principio se cumple actualmente, al establecer la citada norma constitucional que basta que la conducta penada esté expresamente descrita en la ley que impone la sanción”. De esta manera concluye que la “disposición puede ser objeto de interpretaciones diversas y contradictorias”, lo que hace necesario precisar la disposición constitucional para dar certeza a la garantía que ella reconoce.

Cabe recordar que la señalada competencia le fue asignada explícitamente a TC por la Reforma Constitucional de 2005 en relación a las normas de un tratado internacional que versen sobre materias propias de leyes orgánicas constitucionales.

(…)el traslado en ambulancia “no solamente constituye una forma de ejecución del tratamiento de diálisis a que se encuentra sometida la paciente, sino que además, el aludido tratamiento ha resultado eficaz al lograr la paciente una larga sobrevida”.

Se interpuso amparo de acceso a la información en contra del Juzgado de Familia de los Andes, luego de que ese tribunal negara la entrega de copias del audio de dos audiencias realizadas en un juicio de medida de protección, fundado en los principios que rigen ese procedimiento (Rol C87-11). En otra solicitud de acceso […]

“El alumno no puede ser tratado como objeto y no puede ser instrumento o medio de nada, ni menos demostrar esto o aquello”

“La jurisprudencia ha entendido que esta denuncia solo procede en los casos de que el Estado infrinja la obligación de llevar a cabo actividades económicas, solo con una expresa autorización legal”.