La Corte confirmó la resolución impugnada, dictada Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, en mayo pasado.
Tribunal ordenó a la empresa Starco S.A. y el conductor de camión barredor a pagar $10.619.610, por daño emergente, y $50.000.000, por daño moral, a la víctima.
El organismo subraya que la Comisión de la Verdad no se restringirá a las desapariciones forzadas, sino que también investigará otras violaciones a los derechos humanos.
El parlamento chileno busca modernizar la ley de protección de datos personales y establecer una institución que supervise esta materia. Por ello, revisar la experiencia comparada es fundamental.
Cabe recordar que la tutela fue promovida por la dueña del prostíbulo, a quien la Alcaldía le ordenaba clausurar su establecimiento comercial.
El requirente estima que los preceptos impugnados infringirían el derecho a la defensa.
Expone la CGR que para la percepción de emolumentos es necesario un desarrollo real de las funciones.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados.
La Magistratura Constitucional peruana expuso que la Constitución de 1993 señala que existen distintas disposiciones que promueven la protección de la multiculturalidad.
La decisión de rechazar el recurso de queja fue acordada con el voto en contra de los Ministros Brito y Cerda.
