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Derecho de reunión.

Diputados proponen responsabilizar a los organizadores por los perjuicios y daños causados en manifestaciones.

Observa luego que la precitada norma no establece responsabilidades de ningún tipo por lo que ocurra en la manifestación, sin que nadie asuma los costos de los daños producidos con ocasión de marchas en lugares públicos y que en los últimos días muchos personas han visto afectados sus bienes, derechos y libertades, con pérdidas económicas por los desordenes con ocasión de las manifestaciones, siendo necesario velar por el derecho de reunión, pero también por el orden público, las libertades y los derechos de los demás.

26 de julio de 2011
Por vulneración al debido proceso.

Corte de Arica acogió acción de protección en favor de una alumna que fue expulsada de su colegio por citar a una asamblea mediante “Facebook”.

«…no existe infracción del derecho a emitir opinión y de informar, sin censura previa ni tampoco respecto del derecho de reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, por cuanto la reunión a la que citó la alumna se llevó a efecto, reprochándose sólo el hecho de no haber pedido la autorización correspondiente, “lo que tiene pleno asidero si se considera que se trata de un recinto privado en que para tales efectos, obviamente, debe solicitarse autorización a su dueño”.

26 de julio de 2011
Reforma constitucional.

Senadores proponen consagrar a nivel constitucional el derecho a la protección de datos personales.

Observa luego que países como México, Uruguay y Argentina, tiene legislaciones vanguardistas y pioneras en materia de protección de datos y han creado Agencias u organismos especializado en su protección y que contribuido de gran manera mejorar sustancialmente el nivel de transparencia en las operaciones de transferencias de datos y de cómo hacer valer los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos, o tratamiento errado o desviado de los mismos.

25 de julio de 2011
Tercera sala.

Corte Suprema revocó sentencia de la Corte de Santiago que acogió acción de protección en contra del Ejército por baja de uniformado a quien no se le notificó la medida.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la acción constitucional al estimar que la decisión del Ejercito -“darlo de baja”- sin haberlo previamente notificado para que pueda ejercer sus derechos ha implicado que se lo separe de las “filas sin este importante tramite, vulnerándose de esta manera la garantía constitucional del debido proceso”.

25 de julio de 2011
Primera sala.

TC se pronunciará sobre el fondo de un requerimiento de inaplicabilidad que impugna precepto legal que faculta al MOP para solicitar el reembolso de sumas pagadas por el Fisco derivadas del traslado de instalaciones de Metrogas.

«concluye el Ministro disidente, como reiteradamente lo ha declarado el TC, la interpretación legal no queda comprendida dentro de sus atribuciones, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 6°, de la Carta Fundamental.»

25 de julio de 2011
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